JOAQUÍN HENDRICKS DÍAZ
CARGO: SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO POLÍTICO NACIONAL DEL PRI
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
La creación del “Sistema Nacional Anticorrupción” es, quizás, el compromiso del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto que, cumplido le permitirá, el reconocimiento de las reformas estratégicas que ha encabezado.
Por ello resulta fundamental que nuestros legisladores apuren el paso en la búsqueda de consensos en ambas cámaras y den vida al “sistema” de manera integral, desde la creación de los instrumentos de prevención, órganos administrativos, jurisdiccionales y hasta políticos que involucra. No hacerlo, abonaría de manera injusta en la desaprobación de una administración que ha tomado la iniciativa en temas estratégicos del desarrollo nacional, anteponiendo el interés de la sociedad a la que se gobierna, al interés personal, a la imagen propia.
Las leyes que establecen sanciones administrativas ejemplares, la Fiscalía Anticorrupción y los tribunales especializados esperan la aprobación correspondiente por parte de diputados y senadores de todos los partidos políticos. Uno de los instrumentos que sin lugar a duda habrá de contribuir en este propósito es la llamada “Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios”. Habrá de hacerlo, siempre y cuando contenga previsiones de carácter racional y técnicas; que tome en cuenta la experiencia y criterios de organismos especializados nacionales e internacionales en sus disposiciones, por encima del acuerdo político que llega a ser, en algunos casos, convenenciero, irreflexivo e irresponsable. El crédito de cada estado debe tener el límite que precisamente marcan la racionalidad y las sanas prácticas administrativas y financieras, en relación directa con la capacidad económica de cada uno de ellos.
Ejemplos hay que demuestran disciplina en el manejo de los recursos, arrojando resultados satisfactorios en lo productivo, en la generación de empleos y en el combate a la pobreza. Pero lamentablemente, los hay también con nulos resultados y que comprometen el esfuerzo de varias generaciones de sus conciudadanos para cubrir el importe de tales créditos.
Una vertiente grave de los desproporcionados endeudamientos tiene que ver con sonados casos de desconocimiento de compromisos institucionales con empresas nacionales y hasta extranjeras por falta de liquidez, que han llegado en queja al Gobierno Federal, quien ha dicho con toda claridad que no habrá de rescatar a los estados en situaciones de esta naturaleza. Esta circunstancia genera inseguridad jurídica y desconfianza en nuestras instituciones, lo que podría traducirse en una dramática caída de la inversión privada, tanto nacional como internacional. Luego, entonces, se impone la prudencia, la adopción de medidas preventivas, el freno al dispendio y la racionalidad en el gasto público (por encima de pretender sacrificar los programas dirigidos a la población necesitada), En el orden político, si bien es cierto que el financiamiento de la democracia corresponde originalmente al Estado, no menos cierto es que los presupuestos destinados a este fin, deben ir a la baja en la misma proporción en la que deben incrementarse en educación, ciencia, tecnología y programas sociales. Hay que superar prejuicios e imponer los controles debidos para que sea posible el financiamiento privado en los procesos políticos, limitando la tentación de desviar recursos públicos a estos fines.
La decisión está en manos de nuestros legisladores.
