Punta Piedra botín del ejido
Tulum
La codiciada franja costera de Punta Piedra ha sido el centro de una larga batalla legal por su posesión, derivado de la insistencia del ejido Pino Suárez de que son tierras comunitarias, pese a que este argumento ha sido rechazado en los tribunales. Por ello, aunque surjan amparos por los que se repongan tierras, estas son sólo trabas provisionales que no detendrán la acción de la justicia.
Desde 1943, los terrenos de Punta Piedra están inscritos ante el Registro Público de la Propiedad, razón por lo cual, quienes cuentan con títulos de propiedad emanados de este régimen privado son los legítimos dueños de estos predios; en tanto que quienes presentan documentos ejidales han sido defraudados, pues el ejido Pino Suárez no llega hasta el mar.
Lo anterior es lo que se deriva de un análisis histórico de los documentos en este litigio que ha durado décadas, pero cuyo “hilo conductor” son los títulos de propiedad debidamente registrados y reconocidos, legalidad que los documentos ejidales carecen, al no estar reconocidos ante el Registro Agrario Nacional.
Cabe recordar que el ejido Pino Suárez fue creado mediante decreto presidencial en 1973, en terrenos colindantes al de Tulum, para fundar una colonia de agricultores provenientes de Tenosique, Tabasco.
Sin embargo, el acto de posesión y deslinde definitivo de estos terrenos no se dio hasta 1981, mediante diligencia de expertos de la Secretaría de la Reforma Agraria. El mapa resultante de este peritaje claramente señalaba que las tierras comunitarias no llegaban hasta el mar, situación entendible, ya que Ley Agraria, en su artículo 59 lo prohíbe.
Pese a estos trámites, diez años después, la asamblea ejidal intentaría incorporar como suyas esta valiosa franja costera. Para ese entonces, quedaban apenas cinco de los ejidatarios originales, mientras que todo el resto del padrón estaba compuesto de prestanombres de terratenientes yucatecos, interesados en adjudicarse Punta Piedra.
Los mapas que trazaron, en el que burdamente se recorrió su polígono de forma que colindara al mar, fue rechazado en dos ocasiones en el RAN. No sólo no concordaba con los documentos oficiales, sino que al desplazar al ejido, se desencajaban las colindancias con los ejidos vecinos, e incluso, se asignaban parcelas que quedaban sobre el mar.
El caso fue llevado ante el Tribunal Unitario Agrario que, en 2008, decretó que estos planos no coincidían con el decreto original o el deslinde de 1981. La situación estaba clara.
Pero los límites de la ley no detuvo a la asamblea, que empezó a expedir documentos de parcelas, que jamás fueron inscritos en el folio agrario, para su venta por altas cantidades a inversionistas incautos. No conforme con ello, dividieron y subdividieron estas parcelas, para venderlas dos o más veces a distintos postores, quienes han construido cabañas u hoteles en la zona.
Solamente que estos terrenos ya tenían, desde décadas atrás, verdaderos dueños, quienes han heredado o comprado los títulos originales, debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad y Comercio. Estas familias propietarias han intentado hacer valer su legítimo derecho como propietarios, con resultados mixtos.
Quienes ocupaban estos predios no les asistía el derecho, pese a ello, todos fueron contactados por los propietarios, para que rentaran o compraran, ahora sí, legítimamente, los lugares donde han asentado sus inversiones. La mayoría accedió, de forma que los hoteles Shambala Petit, Ahau, El Kin Há, Cabañas El Caracol y Casa de las Iguanas, dejaron la clandestinidad en la que se encontraban y ahora son dueños.
Otros, en cambio, se negaron e insistían en la validez de sus documentos, carentes de registro y con colindancias en zonas fuera del ejido. Estos, a través de un proceso legal y producto de un desahucio, fueron desalojados.
Algunos de estos hoteleros que se rehusaron a negociar han emprendido la vía de amparo para intentar recuperar estos predios, pero estos recursos son sólo medidas provisionales otorgadas por un juez, en tanto se dirime el litigio. A la hora que se lleven a cabo los peritajes, surgirá el contraste entre títulos de propiedad inscritos y documentos ejidales sin respaldo legal; el desenlace final está anunciado.
Por Mario Morales Cruces > Quequi
Fotos: Redacción-Quequi
