Arriesga ‘ME’ a huéspedes
Por Redacción > Quequi
Los ilegales trabajos de expansión del hotel ME by Meliá, realizados sin permisos ambientales y en violación a los sellos de clausura impuestos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), no sólo dan mala imagen al destino, al erigir dos moles de concreto sobre las dunas, sino que ponen en peligro a visitantes y locales, debido a las escasas medidas de seguridad de las obras.
Van más de dos meses desde que inició la construcción de dos edificios de cuatro plantas prácticamente sobre la playa en el kilómetro 11.5 de la Zona Hotelera, invadiendo terrenos federales ganados al mar, los que se han desarrollado de forma casi ininterrumpida, pese a que no se elaboró una manifestación de impacto ambiental ni se obtuvo el aval de la Semarnat, como lo exige la ley; en todo este tiempo, la seguridad de los centenares de bañistas que pasan por la zona ha sido la menor de las preocupaciones para este centro de hospedaje.
Inicialmente los trabajos se realizaban sin ninguna clase de barrera, probablemente para no llamar la atención, ya que se alegaba que era una “remodelación de sus áreas”. Al tomar forma las ilegales estructuras erigidas sobre la zona federal marítimo-terrestre y al surgir las denuncias públicas y ante la Profepa, de pronto se instaló una malla para evitar miradas curiosas, pero a muy poca distancia, por lo que quienes pasen por el lugar corren el riesgo de sufrir un accidente.
Junto a la malla, se instalaron algunos camastros, para ser ocupados por turistas valientes que se exponen a que les caiga algún objeto desde lo alto o sufrir cualquier tipo de percance.
Cabe destacar que los trabajos se desarrollan junto a un corral de anidación de tortugas marinas, especies protegidas por la NOM-162 y que sufren las afectaciones de los ruidos y luces de la obra. Además, la Profepa atestiguó en su visita de inspección que se daña el ecosistema de la duna, en una zona próxima a la laguna Nichupté, área natural protegida.
Aunque se impuso una clausura, los trabajos continúan en un abierto desacato a la ley, grave delito por el que debiera intervenir la Procuraduría General de la República, dependencia que ha estado extrañamente inactiva.
