Arcila y Ramos, par de ratas en Congreso
Por Blanca Silva>Quequi
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión, y Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, así como el resto del Congreso del Estado, gastan sumas millonarias de forma opaca en un rubro que no tiene fundamento jurídico.
Desde que inició la XV Legislatura hasta la fecha, más de 23.3 millones de pesos han sido destinados a Gasto Social, categoría ilegítima, pues la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que los diputados sólo tienen facultad de gestoría, no de entrega de recursos.
De acuerdo con un análisis realizado por el Observatorio, los apoyos beneficiaron a cuando menos 363 personas, es decir, un promedio de 90 personas mensuales, dentro de lo cual el rubro que ocupó la mayor partida fue el de Ampliación y complemento de gestoría al que se asignaron 12 millones 817 mil 450 pesos, sin que se establezca el número de beneficiarios y por ende el monto promedio de los apoyos entregados.
Los otros rubros fuertes fueron el de Gestoría de diputados con una partida de tres millones 530 mil pesos, la cual tampoco cuenta con un desglose de beneficiarios, que impide sacar el monto promedio de los montos otorgados, seguido del de Ayudas sociales a personas, al cual se destinaron dos millones 055 mil 355.63 pesos distribuidos en 29 beneficiarios, lo cual representa un promedio de 70 mil 874 pesos.
Adicionalmente, se asignó un millón 338 mil 675.41 pesos al rubro de Transportación, hospedaje y alimentos en beneficio de 136 personas, cada una de las cuales habría recibido un promedio de nueve mil 843.19 pesos, a lo que se suma un millón 181 mil 193.11 pesos para el de Medicinas, productos farmacéuticos, accesorios y suministros médicos, honorarios médicos y estudios especializados en beneficio de 177 personas, lo cual equivale a seis mil 673 pesos en promedio.
Asimismo, de acuerdo con el análisis, aparentemente fue el rubro de Láminas y otros materiales de construcción el que habría otorgado los mayores montos de dinero, pues 21 personas recibieron en su conjunto 271 mil 543.99 pesos, lo cual representa un promedio de 12 mil 930.66.
Sin embargo, esta deducción podría ser subjetiva considerando que los demás apartados como Despensas y canastas básicas, Apoyos económicos, Becas, Vestuario y uniformes, Utiles y paquetes escolares, Asesoría y capacitación, Apoyos a la educación, Artículos deportivos, Ayudas sociales a instituciones de enseñanza y Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro, no cuentan con el número de beneficiarios, por lo que no se puede determinar el monto promedio de los apoyos otorgados, cuyo monto global asciende a dos millones 106 mil 365.63 pesos.
Ante este panorama, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo insiste en que incluso la Constitución Política del Estado de Quintana Roo tampoco establece que deben otorgar apoyos económicos a la población más allá de su facultad de gestoría señalada en el Articulo 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado.
Asimismo, destaca que los montos asignados a este rubro son excesivos y superan incluso el presupuesto de algunas instituciones del Poder Ejecutivo que sí tienen esas atribuciones, sobre todo en momentos en que el Estado funciona con fuertes limitaciones presupuestales, independientemente de la discrecionalidad con que se manejan y distribuyen esos recursos, lo cual incluso también genera observaciones frecuentes.
Por ello, indicó que con los datos parciales proporcionados tras la puesta en funcionamiento de las normas de transparencia, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo se ha dado la tarea de usas las bases y crear una estructura de formatos abiertos con los mismos, dentro de lo cual se elaboró una tabla de datos con los nombres y tipo de donación que se efectuó para saber la distribución y número de acciones efectuadas en los últimos cuatro meses de 2016.
Asimismo, señala que con base en la información presentada se detecta también que los folios de control no tienen un consecutivo, quedando números sin información alguna sin que haya alguna explicación al respecto, además de que tampoco la tabla del congreso no marca el monto de la acción realizada ni existe un expediente o investigación que respalde la decisión de otorgar el beneficio.
