Intimidados por la delincuencia

Por Mayra Cervera > Quequi

Autoridades estatales y municipales son amenazadas de muerte por presuntos integrantes de la delincuencia organizada, esto al intervenir con programas para evitar la explotación infantil y por brindar apoyos a los menores que laboran en las calles.

El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), Harley Sosa Guillén, dio a conocer que en Cancún y Playa del Carmen, los inspectores y visitadores de los programas sociales para detectar y apoyar a los niños que laboran en las calles, han sido amenazados de muerte por presuntos integrantes de bandas relacionadas con el crimen organizado.

Las advertencias que han recibido son para intimidarlos y que desistan de convencer a los menores para que dejen sus actividades de ambulantaje en la zona turística, presuntamente porque los utilizan para sus actividades ilícitas.

Indicó que a partir de los primeros días de diciembre, de manera coordinada, los integrantes de la Comisión para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y de los Adolescentes, realizarán operativos para evitar que sean víctimas de cualquier situación que vulnere los derechos de menor en situación laboral.

Advirtió que con los acuerdos y acciones que se realicen antes de finalizar el año, desde la actual administración del estado se comenzarán a resolver los problemas de los niños que tienen que trabajar en escenarios de riesgo y, en su caso, fincarán responsabilidades penales a quienes se dedican a sacar provecho de esas labores.

Dijo que las diversas autoridades de los DIF municipales, estatal, la Secretaría del Trabajo, la Cdheqroo, la Fiscalía General del Estado, las Policías Estatal y Municipal, entre otras, han reconocido que se han “tirado la bolita”, lo que ha permitido que en Quintana Roo existan más de 19 mil menores de edad laborando, muchos de ellos, posiblemente víctimas de algún delito.

Sosa Guillén señaló que presentó una propuesta a través de un documento para que sirva como protocolo de actuación en casos de niños laborando, en donde se señala a las autoridades de los organismos señalados, responsabilidades y obligaciones que deben desplegar cuando se conoce algún caso.

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