Presentan
una demanda
contra Sac-Tun
CANCÚN
Por Blanca Silva > Quequi
Desde la perspectiva de los Pueblos Indígenas, miembros de la sociedad civil interpusieron ayer una demanda de acción colectiva contra la mina Sac-Tun (Calica) en el Juzgado de Distrito con sede en Cancún, sustentado en el deterioro ambiental causado por su operación a lo largo de tres décadas, que ha afectado la salud de miles de familias desde Playa del Carmen hasta Valladolid.
Ante esta situación, los quejosos demandan el cierre definitivo de la mina y que devuelvan el puerto de Punta Venado, además del resarcimiento ambiental de los daños causados al acuífero y la biodiversidad, mediante la restitución, recuperación o acciones sustitutas, provocados por la violación reiterada de sus obligaciones ambientales establecidas en sus permisos.
En conferencia de prensa, el asesor ambiental Rubén Benet Key, Quetzal Tzab del Movimiento Indígena Maya Peninsular y Lucely Tuz Tun de la colonia Torres de la Paz, explicaron que las labores extractivas de piedra caliza realizadas por Calica han provocado afectaciones a la salud de más de dos mil 500 familias de la zona.
Por ello, decidieron interponer la demanda de acción colectiva y denunciar así las graves violaciones que la empresa ha infligido en contra del derecho constitucional de los pobladores a un medio ambiente sano y libre de contaminación, particularmente el derecho superior de las niñas y niños a un desarrollo saludable, a fin de que la empresa lleve a cabo labores de remediación o reposición por el daño causado en materia ambiental.
Recordaron que recientemente se dio a conocer un estudio de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que da cuenta de la presencia de diversos contaminantes perjudiciales para la salud de los pobladores y el ecosistema en su conjunto, resultado de la violación permanente de la empresa a las condiciones establecidas en sus permisos.
Dicho estudio fue elaborado por el Instituto Mexicano de Tecnología del agua (IMTA), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el Instituto de Ecología y Cambio Climático, a lo que se suman las clausuras impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por el deterioro ambiental en la zona.
Una prueba de la situación, indicaron, es el evidente deterioro de la calidad del agua, la evidente pérdida de biodiversidad por la explotación de la mina cuya superficie se extiende por dos mil 400 hectáreas a escasos kilómetros de donde se localizan algunas de las comunidades afectadas, donde se ubican escuelas de preescolar y primaria.
Lo anterior es resultado de haber utilizado de manera continua explosivos de hidrogel durante más de 30 años, además de perforan con profundos barrenos varios metros por debajo del nivel freático y verter al acuífero grandes concentraciones significativas de nitritos y otros contaminantes.
Además, denunciaron que se han liberado a la atmósfera y al mar Caribe inmensas cantidades de fino polvo calizo, muy dañino para la salud de la población, particularmente de la niñez, a lo que se suma el desmonte de cientos de hectáreas de selva, devastar el suelo y el subsuelo de la zona, y desviar el curso de las corrientes subterráneas para apropiarse volúmenes de agua muy superiores a los aprobados.
Ante esta situación, decidieron llevar a juicio a la empresa y solicitar la clausura definitiva de sus operaciones, así como que responda por los daños ambientales y sociales causados, pues las clausuras impuestas por el gobierno mexicano son medidas necesarias y urgentes pero no suficientes, por lo cual piden al juez que la empresa pague o lleve a cabo acciones sustitutas por los daños causados.
Recordaron que la acción colectiva es un recurso legal consagrado en el Código Federal de Procedimientos Civiles, que permite a las comunidades obtener la protección y defensa de los derechos e intereses colectivos en materia de medio ambiente, descartando la solicitud de una retribución económica por este motivo.
