Avanzan reformas judiciales

Continuó el Congreso con la discusión, tras recibir oficios que autorizaban el proceso.

Por Agencias
Ciudad de México

La Cámara de Diputados pudo continuar con la discusión y aprobación de las reformas al Poder Judicial el pasado 1 de septiembre, luego de que se concedieran dos incidentes de suspensión que habían detenido temporalmente el proceso legislativo. Según informó la propia Cámara, su área jurídica recibió los oficios que permitieron «que el Congreso de la Unión, mediante sus dos cámaras, y la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, así como las legislaturas de los estados, continúen con la discusión y aprobación de reformas a la Constitución Política relativas al Poder Judicial».


Estos oficios fueron enviados desde el Juzgado Décimo de Distrito en materia administrativa a San Lázaro. Los documentos contenían incidentes de suspensión de los juicios de amparo 1190/2024–XVI y 1251/2024, promovidos por los juzgados Tercero de Chiapas y Quinto de Morelos, respectivamente. La demanda fue promovida en el juzgado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por los ciudadanos Ismael Arroniz Palacios, Jorge Alberto Orantes López, Mario Felipe Mata Ríos y Mario Alberto Rivera Rivera.


La entrega de los documentos en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro estuvo a cargo de Edgar López, del Juzgado Décimo de Distrito en materia administrativa. Cabe destacar que estos incidentes de suspensión, otorgados por juzgados federales de Morelos y Chiapas, permitieron que se reanudara la discusión en la Cámara de Diputados.


En el caso de Morelos, la jueza Quinto de Distrito había concedido un amparo que impedía que la reforma judicial se discutiera en el pleno de la Cámara de Diputados durante la próxima Legislatura. Esta suspensión se consideró urgente, ya que, de aprobarse la reforma, se elevaría a rango constitucional, lo que haría prácticamente imposible revertirla. El amparo se basaba en el argumento de que los promoventes podrían ser cesados de sus funciones sin derecho de audiencia y defensa, lo que violaría sus derechos fundamentales.

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