Brasil negacionista, “COVID-19 es un virus chino”


EL BESTIARIO

Jair Bolsonaro y Donald Trump debilitaron las defensas sanitarias de América Latina contra la pandemia, según The New York Times

SANTIAGO J. SANTAMARÍA GURTUBAY

La pandemia del coronavirus (COVID-19) y la postura negacionista del presidente Jair Bolsonaro cambiarnon de forma acelerada el escenario político brasileño. La postura del mandatario de la mayor y más importante nación latinoamericana y sus consecuencias en el campo económico, en el ámbito federativo, con el Congreso, con el ministro de Sanidad, la prensa y los militares, nos anunciaron que se avecinan días muy duros y difíciles para la gobernabilidad. “Estamos diante do maior desafio da nossa geração”. Con estas palabras, pronunciadas en un discurso en “cadena nacional” el último 31 de marzo, el presidente brasileño Jair Bolsonaro parecía estar haciendo las paces con la realidad y abandonando sus proclamas sobre el COVID-19, como si este fuera una cosa menor. De este modo modificaba la posición negacionista anterior, que clasificaba la pandemia del coronavirus como una “gripecilla” o un “resfriadito”, al tiempo que afirmaba “¿Algunos van a morir? Van a morir. Lamento, lamento, esa es la vida, es la realidad”. También explicaba que sus conciudadanos no se contagiaban con frases tan esdrújulas estrambóticas como esta: “el brasileño no se contagia porque es capaz de bucear en una alcantarilla y no le pasa nada”. De esta forma el líder brasileño parecía converger con otros líderes populistas como Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos y Boris Johnson , exprimer minstr de Reino Unido, que cambiaron sus posiciones iniciales. Demasiado tarde, sin embargo, el caos político ya estaba sobre la mesa.

Bajo el mantra “la histeria daña la economía”, Bolsonaro se posicionó en contra de las medidas de aislamiento social. Su abierta oposición ante las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevó a un fuerte deterioro y corrosión de su capital político. Regresado de EE UU y con parte de su comitiva habiendo contraído el COVID-19 en el aquel país, contrariando el equipo médico de la Presidencia y su ministro de Sanidad, el presidente estimuló y participó de protestas en Brasilia con centenas de personas en contra del Congreso Nacional y el Tribunal Supremo. Su gesto fue clasificado, además de antidemocrático, de “irresponsable” por diputados y adversarios políticos, pero Bolsonaro continuaba disfrutando de gran apoyo en parte importante del empresariado, en especial del segmento de servicios que empezaban a ver sus actividades económicas reducidas tras el inicio de la propagación del virus en el gigante sudamericano. Después de reiterar de nuevo en un discurso que “este virus trajo cierta histeria”, empezaron en las principales capitales del país cacerolazos de rechazo que siguieron por más de una semana. En paralelo, los gobernadores de São Paulo y Rio de Janeiro (económicamente los más importantes estados del país) y precandidatos a la presidencia en las elecciones de 2022, João Doria y Wilson Witzel, respectivamente, comunicaban medidas de aislamiento como suspensión de clases en escuelas y universidades, cancelación de eventos, cierre del comercio, museos y otras medidas de distancia social.

En el último fin de semana de marzo, grupos bolsonaristas organizaron actos y manifestaciones en diferentes partes de Brasil pidiendo el fin del aislamiento. El líder ultraderechista salió a las calles de Brasil con comparecencias públicas y saludando a personas en actividades laborales. Sin embargo, a la semana siguiente se produjo un nuevo revés cuando la Justicia prohibió la campaña gubernamental anti-confinamiento denominada por el gobierno federal “Brasil no puede parar”. Bolsonaro se quedaba sin aliados institucionales. Partiendo del diagnóstico de que “si la economía se hunde, termina mi gobierno”, Bolsonaro dudó en intentar mantener la economía funcionando a costa de negar la pandemia. No obstante, de una expectativa previa de una subida del PIB próxima al 2,5% en 2020, las previsiones oficiales actuales ya indicabann al menos un crecimiento nulo para 2020. Sin embargo, el pronóstico de la Fundación Getúlio Vargas/FGV es de una contracción del 4,5% (con riesgo de seguir sintiendo efectos negativos “significativos” hasta 2023). Las pocas medidas anunciadas hasta ahora por el gobierno caminan en la dirección de minimizar las pérdidas para las empresas y reducir el impacto de la crisis para ellas, por ejemplo, flexibilizando las regulaciones laborales durante el estado de calamidad pública, pero con pocas acciones orientadas a procurar el bienestar general de la población.

La única legislación que hasta ahora se había votado en el Congreso, buscando proteger del impacto económico del confinamiento a una población con más del 40% de trabajadores informales, surgió de una propuesta de los partidos de la oposición: la renta mínima de emergencia. Son poco más de 100 euros mensuales que el gobierno dará durante el periodo de pandemia a cada familia de bajos ingresos. La propuesta final fue ‘mejorada’ por el Congreso, ya que el texto inicial del gobierno sólo se acercaba a los 35 euros mensuales. El 7 de abril, el primer día que fue posible inscribirse para recibir el beneficio, más de 15 millones de personas se registraron en pocas horas. Tras ese cuadro, según números del estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), cabe recordar algunos datos que tienden a agravar los efectos de la pandemia en Brasil: 31,5 millones de brasileños (el 15% de la población) no tiene acceso a agua potable a través de la red general de abastecimiento; 75 millones (el 36% de la población) vive en áreas sin alcantarillado; y 6 millones no tienen baño en su casa. Como se ve, el mínimo acto básico de lavarse las manos para evitar la propagación del virus no es trivial para muchos millones de brasileños. Al mismo tiempo, otros 12 millones de personas (el 5,6% de la población) viven en residencias donde se agolpan más de tres personas por habitación, un hecho considerado insalubre. Por tanto, en estas condiciones resulta complicado mantener la distancia social que el confinamiento impone.

Tal situación, combinada con un brusco bajón en el índice de confianza del empresariado industrial (más del 10%, la mayor caída desde la huelga de los camioneros en 2018), hizo que voces muy conocidas y respetadas del liberalismo económico –como Arminio Fraga (ex presidente del Banco Central durante la gestión Fernando Henrique Cardoso), Claudio Ferraz (profesor de la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro, el más destacado centro brasileño de formación de economistas liberales) y Cándido Botelho Bracher (presidente del mayor banco latinoamericano, el Itaú Unibanco)– criticaran unánimemente la conducción económica de la crisis. Igualmente, André Lara Resende (economista con un doctorado del MIT y uno de los padres del Plan Real) dijo que el otrora festejado ministro de Economía, Paulo Guedes, se basaba en “un liberalismo primitivo”. Todos ellos apuntaron a que si no se aplicaba un estricto aislamiento social, el sistema de salud pública brasileño (el SUS, Sistema Único de Salud, el mayor sistema público universal de salud del mundo) se derrumbaría y la recuperación económica sería más lenta y dolorosa. Incluso, este comportamiento que parece pelear con la realidad llevó a la prestigiosa publicación británica The Economist a llamar al presidente de la octava economía del mundo “BolsoNero”.

Un capítulo aparte que impacta directamente en las condiciones de gobernabilidad y el futuro del mandatario brasileño y del país pasa por su complicada relación con los gobernadores de los estados de la Federación. Ante la inacción del gobierno de Brasilia, estos gobernadores tomaron la delantera, decretando sus propias medidas de aislamiento. Los gobernadores rechazaron la exhortación de Bolsonaro para que los estados no decretasen medidas de confinamiento, calificando su propuesta de reabrir escuelas y empresas de no apropiada y alejada de la realidad y criticando dura y públicamente que su postura iba en contra de las recomendaciones de los expertos nacionales e internacionales de salud. Bolsonaro, en guerra abierta contra todos ellos, destacaba: “[los gobernadores] están tomando medidas extremas que no están a su alcance… el comercio está detenido y la gente no tiene nada para comer”. “El medicamento debe ser proporcional (a la enfermedad), o mata”. Durante una tensa videoconferencia a finales de marzo con los gobernadores de la Región Sudeste, la más rica y poblada del país, donde están los estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais y Espírito Santo, fue explícito el malestar con el presidente, llegando esta tirantez a su punto culminante cuando Bolsonaro se refirió a João Doria a gritos: “¡a usted se le subió a la cabeza la posibilidad de ser presidente… No tiene altura para criticar al Gobierno Federal!”, a lo que Doria respondió: “le pido que tenga serenidad, calma y equilibrio. Usted tiene que comandar el país”, asegurando que apelaría a la Justicia si el Gobierno confiscaba equipos o material médico o trabara de algún modo sus acciones frente a la crisis sanitaria.

Doria continuó: “Estamos aquí los cuatro gobernadores del Sudeste por respeto a Brasil y en respeto al diálogo, pero usted como presidente tiene que dar el ejemplo, tiene que liderar y no dividir”. Minutos antes, Bolsonaro había calificado a Doria, su ex aliado durante la campaña electoral de 2018, de “demagogo” y días atrás de “lunático”, al igual que había insultado al gobernador de Rio de Janeiro, Wilson Witzel, también antiguo aliado. Doria destaca con gran potencia política en este momento, asumiendo el liderazgo de los gobernadores, recibiendo incluso elogios del ex presidente opositor, Lula, por su comportamiento. Hombre fuerte del PSDB, está aprovechando esta crisis para aumentar su popularidad y mejorar su posición de cara a las elecciones de 2022. El dialogo con los gobernadores de otras regiones tampoco fue más útil. “No hay más diálogo con este hombre. Las cosas han llegado a su fin”, afirmó Ronaldo Caiado, médico, importante líder del agronegocio y gobernador de Goiás (Región Centro Oeste), que en 2018 apoyó decididamente, y desde el principio, la campaña electoral de Bolsonaro. Caiado, como la mayoría de los gobernadores, ha ordenado unilateralmente estrictas medidas para evitar la propagación del coronavirus en su estado. El Tribunal Supremo ratificó las medidas contra el coronavirus ordenadas por los gobernadores e impugnadas por el mandatario. Sólo aquellos de estados pequeños o de poca significación económica como Mato Grosso, Rondônia y Santa Catarina, siguieron a Bolsonaro, reabriendo parcialmente el comercio. Encuestas como las de Datafolha, IBOPE, Vox Populi y MDA muestran una popularidad creciente de los gobernadores, con un promedio de aprobación de bueno/óptimo, el doble del presidente.

Los gobernadores estatales y los alcaldes de las ciudades asumiron el papel protagonista de la gestión de esta crisis, enfrentándose a Bolsonaro, incluso aquellos que le habían apoyado desde el inicio, sumándose al grupo de gobernadores del nordeste que tradicionalmente ha sido la oposición más consistente al presidente. La pérdida de influencia en territorios neurálgicos como São Paulo, Rio de Janeiro y Minas Gerais, cuyos tres gobernadores fueron elegidos en 2018 tras la estela de Bolsonaro, demuestra una gran fragilidad institucional. Tras la Constitución Federal de 1988 quedó consolidado en Brasil el “presidencialismo de coalición”, cuyo elemento a destacar es que los gobiernos deben formar coaliciones con multitud de partidos políticos, dividiendo entre ellos las carteras ministeriales. El presidente Bolsonaro rompió totalmente con esta forma de construir la gobernabilidad. Así, sin mayoría parlamentaria desde el inicio del gobierno, el capitán retirado del Ejército procuró valerse de su capital político y un congreso mayoritariamente conservador para aprobar sus reformas y garantizar el funcionamiento de su administración, en una apuesta para muchos peligrosa y de eficacia dudosa.

Con menos de un año de mandato, Bolsonaro abandonó el Partido Social Liberal (PSL), por el cual fue elegido. Actualmente permanece sin partido político. Como si no bastase el enfrentamiento constante que mantiene con el Congreso durante esta pandemia, el presidente Jair Bolsonaro ha mantenido su tradicional tono beligerante y poco conciliador. De este modo, el Parlamento, acompañado por el Poder Judicial, ha asumido un papel protagónico sin precedentes, aunque deliberando por medio de sesiones virtuales. Diariamente desde el Palacio do Planalto, la sede del gobierno, se insulta a diputados federales y senadores, a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado Federal y a ciertos ministros del Tribunal Supremo. Estos insultos parten de Bolsonaro y su entourage radical, surgido de las huestes bolsonaristas y también del conocido como “Gabinete del Odio”.

El llamado “Gabinete del Odio” es el núcleo más próximo al presidente, que elabora su estrategia de comunicación, tanto en sus apariciones y declaraciones públicas, como en las redes sociales. El grupo tiene carácter informal, pero produce informes y ‘fake news’ y maneja las redes sociales con una gran actividad. Está comandado por Carlos Bolsonaro, el segundo hijo del presidente (quien lo considera “su pitbull”), concejal del ayuntamiento de Rio de Janeiro, con despacho en el Palacio do Planalto y quien, a pesar de ostentar una simple concejalía, suele participar en reuniones de alto nivel, con ministros y gobernadores.

El protagonismo y el tono permanentemente agresivo de este grupo, que siempre ataca al Congreso Nacional, descalificando la “vieja política”, ha sido un obstáculo en las votaciones de reformas económicas y continúa siendo uno de los grandes impedimentos para una relación positiva con los parlamentarios. Durante la crisis del COVID-19 el “Gabinete del Odio” continúa asumiendo la comunicación de Bolsonaro, creando cada vez más problemas incluso con los poderosos presidentes de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y del Senado, Davi Alcolumbre. Bolsonaro provocó a los dos diciendo: “estimado Davi, estimado Rodrigo, salid a las calles y mirad cómo os reciben. Los acuerdos no tienen que ser entre nosotros, en oficinas con aire acondicionado. Tienen que ser entre nosotros y la gente”, a lo que los jefes del Legislativo afirmaron que el país necesitaba un “líder serio”. En resumen, en este estado de orfandad parlamentaria, en vez de construir puentes, el presidente los dinamita.

El gobierno ha actuado poco en la crisis sanitaria y cuando lo ha hecho, ha creado más problemas que soluciones. Elpresidente de la Cámara de Diputados sentenció: “cada vez que el presidente aparece en público para criticar al ministro [de Sanidad], más que ayudar se interpone en el camino”. Esta opinión es compartida por el presidente del Senado, quien permaneció en cuarentena después de dar positivo por coronavirus. Este parece ser el sentimiento mayoritario, ya que un 54% de los brasileños, según una reciente encuesta de Datafolha, cree que el presidente Bolsonaro es un estorbo para la gestión de la pandemia.

En las últimas semanas y, como un producto derivado de esta crisis, se solicitaron al menos 10 peticiones de impeachment. Por ahora Maia, el presidente del Congreso que tiene la llave para iniciar el proceso de destitución, los ha denegado todos. El fantasma de Eduardo Cunha, el ex titular de la Cámara de Diputados, que traicionó en 2016 a Dilma Rousseff para iniciar el proceso de destitución, todavía sigue presente en Brasilia. Fuera del Congreso, a través de una carta publicada el 30 de marzo, la oposición unida por medio de tres ex candidatos presidenciales, los presidentes de seis partidos progresistas y otros líderes de centroizquierda brasileños, pedían la renuncia de Bolsonaro, acusándolo de ser “incapaz” de afrontar la crisis provocada por el COVID-19 y de gestionar de forma “irresponsable” la pandemia: “¡Basta! Bolsonaro es más que un problema político, se volvió un problema de salud pública… Debería renunciar”, dice el texto firmado, entre otros, por los ex candidatos Fernando Haddad y Ciro Gomes, que terminaron en segundo y tercer lugar en la elección presidencial de octubre de 2018, además de los líderes de los partidos de los Trabajadores (PT), Socialista Brasileño (PSB), Democrático Laborista (PDT), Socialismo y Libertad (PSOL), Comunista del Brasil (PCdoB) y Comunista Brasileño (PCB).

La relación entre Bolsonaro y su ministro de Sanidad no ha sido nada fácil. Luiz Henrique Mandetta, como profesional de la salud, ha defendido medidas de aislamiento, lo que le ha llevado a sufrir diversas reprimendas públicas del presidente. En contraposición con la disminución de popularidad de Bolsonaro, su figura ha ido creciendo frente a las presiones negacionistas del presidente a medida que aumentaban los infectados. “Vamos a guiarnos por la ciencia”, suele insistir Mandetta, médico de 55 años, de una extensa familia de políticos y diputado durante dos legislaturas. El 2 abril, en medio de la disputa, Bolsonaro declaró en una entrevista: “Mandetta quiere ir muy a su aire. Quizá tenga razón. Puede ser, pero le falta un poco más de humildad para liderar a Brasil en este momento difícil”. El ministro respondió, serena pero duramente: “él tiene el mandato popular, y quien tiene un mandato popular habla, y quien no lo tiene, como yo, trabaja”.

Mandetta sabe lo que dice, ya que al país todavía le aguarda una dura realidad. Esta viene de la mano de la previsión del pico de la pandemia para mayo próximo, la reducción de más de 45.000 camas en el sistema público/SUS en la última década y de la importante falta de médicos y de suministros, junto con la previsión de colapso del sistema hospitalario para fines de abril. La conclusión es que en la mayor parte del país faltarán camas, especialmente en las UCI, a la vez que ventiladores mecánicos, Por eso, muchos estados ya han empezado a montar hospitales de campaña, como Rio de Janeiro en el icónico estadio de Maracaná.

Había rumores de que la salida del ministro de Sanidad seria inminente, pero el 7 de abril fue confirmado en el cargo aunque todavía con mucho malestar con Bolsonaro, quien al final acabo destituyéndo a Mandetta el pasado 16 de abril. Algunas encuestas, como la Datafolha del 3 de abril, muestran que la aprobación de la gestión del Ministerio de Sanidad ante la crisis subió al 76%, más del doble que la de Bolsonaro (33%). Otros comienzan a especular con una posible candidatura presidencial conjunta para las elecciones de 2022. La encabezaría el también muy popular ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, y Mandetta iría como vicepresidente. Esta candidatura sería muy viable, porque Mandetta pertenece al mismo partido, el DEM, al que pertenecen los presidentes de ambas cámaras, Maia y Alcolumbre.

Al igual que sucede con Doria, el coronavirus ha transformado a Mandetta en una figura de popularidad exponencial, improbable en otra situación. El cambio de postura del ministro durante esta crisis ha sido notable. Si en sus inicios se presentaba de traje y era un firme defensor de la medicina privada, ahora ha pasado a exhibirse en mangas de camisa y siempre con un chaleco del SUS. De este modo, Mandetta está jugando sus cartas ante la opinión pública. Este es otro punto de crispación constante de Bolsonaro, inspirado en su continua manía persecutoria. Para el presidente, la prensa está llena de izquierdistas y comunistas (“rojos”). Sus comparecencias ante los periodistas siempre están llenas de insultos homofóbicos, machistas, racistas y trato vejatorio a quienes tiene enfrente, calificando a la prensa de “sucia”, “asquerosa”, “canalla” e “inmoral” y amenazando incluso con asfixiarla económicamente. Sus ataques casi diarios a los medios son moneda corriente desde que llegó al poder. Una de sus primeras medidas fue anular la suscripción de su gobierno al diario Folha de São Paulo (uno de los más prestigiosos y el más grande del país). Sus agresiones a la prensa han incluido todo tipo de insultos, siendo uno de los últimos y más graves el sugerir que una conocida periodista, Patrícia Campos Mello, quien destapó el escándalo de los mensajes ilegales de WhatsApp por ciertas empresas que habían apoyado a Bolsonaro durante la campaña electoral de 2018, había ofrecido sexo a cambio de información.

En tiempos del COVID-19, con la prensa jugando un papel clave en la diseminación de la información, sus ataques se mantienen. Según la Federación Nacional de Periodistas (FENAJ), hubo 21 ataques del presidente, sólo en relación con la cobertura del coronavirus. Estos fueron solamente una pequeña parte de las docenas de ataques de Bolsonaro en el primer trimestre del año. Desde enero, el seguimiento que realiza la FENAJ indica que ha habido un total de 141 episodios en los que el presidente se ha pronunciado en contra del periodismo, insistiendo que la crisis del coronavirus es “mucha fantasía”. El primer caso oficial fue comunicado el 26 de febrero, mientras que a 11 de abril los datos oficiales contabilizan 1.074 muertes de un total de 19.943 infectados, con un índice de letalidad del 5,3%, uno de los más altos de la región. En este contexto el Ministerio de Sanidad estima que la no notificación de contagiados y muertos es enorme (se cree que hay cerca de un caso testado para cada 10 infectados), mientras que la estrategia política de Bolsonaro retrata al periodismo profesional como un aliado de los gobernadores y parlamentarios, en una supuesta misión para perseguirlo directamente. A su vez, la prensa responde con duros editoriales. En su lucha contra los periodistas, que Bolsonaro calificó como “una raza en extinción”, vale recordar la máxima vigente en los medios de que “los presidentes van y vienen. El periodismo permanece”. Economía, Congreso, Poder Judicial, gobernadores y prensa: Bolsonaro se queda sin apoyos. Veremos que ocurre en los próximos rounds. Entusiastas desde siempre de la candidatura Bolsonaro, los militares siguen siendo un importante pilar de sustentación de su gobierno. Además de los ocho ministros militares de un total de 22 (un total de 36,36% contra el 29,4% en Venezuela, donde las Fuerzas Armadas abandonaron su neutralidad para garantizar la permanencia de Nicolás Maduro en el poder) y proporcionalmente con más presencia castrense que durante la dictadura militar (1964-1985), hoy el Palacio do Planalto está “militarizado”, con todos los asesores directos del presidente proviniendo de los cuarteles. En esta crisis, la mayoría de la cúpula militar ha manifestado públicamente su desacuerdo con la postura anticientífica del presidente.

En un pronunciamiento realizado minutos antes de Bolsonaro, el 24 de marzo, el comandante del Ejército, general Edson Pujol, contradiciendo el negacionismo presidencial, afirmó en un vídeo público que la crisis del COVID-19 “tal vez sea la misión más importante de nuestra generación”, frase que copió días después Bolsonaro cuando finalmente reconoció la gravedad de la pandemia. En palabras de Pujol: “vivimos el enfrentamiento de una pandemia que exige la unión de todos nosotros, brasileños. El momento es de cuidado y de prevención, pero también de mucha acción por parte del Ejército”. El pronunciamiento mostraba la gravedad con que la crisis del coronavirus estaba siendo tratada por el Ejército. De forma clara a la vez que sutil, Pujol dejaba claro que no concordaba con las declaraciones hechas por Bolsonaro. En una acción definida por muchos como una intervención indirecta, el recién nombrado ministro de la Casa Civil, el general Braga Netto, ganó un inédito protagonismo en la crisis, ocupando la función que, ante la inactividad de Bolsonaro, algunos informalmente denominan como “jefe del Estado-Mayor del Planalto”. En este momento, a los militares no les interesa asaltar directamente el poder, como en 1964. Gozan de un elevado grado de autonomía e influencia y sus programas estratégicos han sido mantenidos en un contexto de restricción presupuestaria. Asimismo, sus jubilaciones tempranas y sus sueldos generosos se mantuvieron en la reforma de pensiones de 2019. Hasta ahora, Braga Netto había sido jefe del Estado-Mayor del Ejército (EME), comandante de la intervención federal de carácter militar en Rio de Janeiro durante 2018 y quien mejor conoce los vínculos de la familia Bolsonaro con las milicias cariocas. En un estudio realizado por el CEEEx (Centro de Estudios Estratégicos del Ejército), alto órgano del EME y publicado en abril, los militares indican que la estrategia a seguir debe ser la de los test masivos, actuar rápidamente para aislar nuevos infectados e intentar mantener el aislamiento de los grupos de riesgo, así como indican salidas para cuando el país decida relanzar la economía. Hoy el Ejército está planteando estrategias que debería formular el presidente. El hecho es que la silla presidencial parece cada vez más grande para Bolsonaro.

En un escenario turbio y movedizo como el brasileño es difícil predecir el futuro de Bolsonaro. No obstante, a pesar de su creciente impopularidad, según los datos de la encuesta XP Investimentos, para finales de marzo, un 30% de los brasileños califican la gestión de Bolsonaro como buena/óptima, frente al 37% que la consideran mala/pésima. El presidente mantiene su núcleo de apoyo fiel de un tercio estable a lo largo del tiempo. Además, cuenta con una parte significativa del apoyo del segmento empresarial, los evangélicos (cerca de 70 de los 210 millones de brasileños) y los militares, que por ahora y pese a las divergencias, no apoyan su destitución. Se han abierto importantes fisuras en el mandato del ex capitán, pero con consecuencias todavía inciertas.

Al comienzo de este análisis destacábamos lo que parecía ser un punto de inflexión en la retórica bolsonarista, pero, aparentemente, fue algo meramente táctico. En sus redes sociales, el día 5 de abril, Bolsonaro invitaba a un ayuno religioso nacional para que el país superase la crisis provocada por la pandemia. La ciencia y la planificación todavía están lejos de asumir el protagonismo que demanda el COVID-19. El negacionismo del presidente y sus hijos llevó incluso a abrir una peligrosa crisis diplomática con China, con quien Brasil tiene su mayor superávit comercial, después de que Eduardo Bolsonaro dijese, en las redes sociales, que el COVID-19 era un “virus chino”. A esta provocación, el cónsul chino en Rio de Janeiro, Li Yang, respondió con una durísima carta pública: “¿eres realmente tan ingenuo e ignorante?… Sería más prudente no crear más confusiones… China nunca quiso y no quiere crear enemistad con ningún país. ¡Sin embargo, si algún país insiste en ser enemigo de China, nosotros seremos su enemigo más cualificado!”. La mala gestión de la crisis continúa haciendo daño al país y su imagen exterior. Incluso las redes sociales más importantes (Twitter, Facebook e Instagram) han llegado a borrar mensajes de Bolsonaro por violar los términos legales sobre noticias falsas.

Durante estos días, en los que ha habido innumerables especulaciones acerca de un posible impeachment, ha crecido la estatura política del vicepresidente Hamilton Mourão, quien ha defendido la apuesta por el “confinamiento” ante la pandemia frente a las declaraciones de Bolsonaro: “la posición de nuestro gobierno por ahora es una sola, el aislamiento y el distanciamiento social”, dijo el general Mourão. Así, Mourão, Mandetta y Doria son personajes que se fortalecen de la debilidad de Bolsonaro ante la pandemia.

Según algunos analistas, la crisis del coronavirus puede acabar siendo la tumba del presidente de Brasil. No en el corto plazo (todo el empeño va a estar puesto en superar la pandemia durante los próximos meses) sino después, cuando el centro de atención gire hacia las actitudes asumidas a lo largo de esta crisis por los gobernantes y se vean las consecuencias para el país tanto desde un punto de vista económico como social. Por ahora, el 55% de los brasileños están en contra de su renuncia (según una encuesta de Datafolha del 3 de abril). Entre los más insatisfechos están los jóvenes y los estudiantes, los más ricos, las mujeres, los trabajadores formales y los habitantes del Nordeste brasileño. En suma, el virus parece tener la capacidad de hacer daño más allá de la salud física de las personas.

Alexandre Fuccille

Profesor de la Universidad Estatal Paulista (UNESP)

Los dos presidentes expulsaron a 10.000 médicos y enfermeros cubanos. Le quitaron fondos a la principal agencia de salud de la región e impulsaron erróneamente a la hidroxicloroquina como una cura. Los resultados catastróficos  se han reflejado en sus propios países. En Estados Unidos, los contagios superaron los 8,9 millones y han fallecido 228.656 personas. El brote comenzó en el país a finales de febrero y el comportamiento del presidente Donald Trump fue errático y tardío. En el medio de la crisis, miles de personas han salido a las calles para protestar por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía y por el tiroteo a Jacob Blake en Kenosha (Wisconsin). Trump ha insistido en que EE UU conseguirá la cura antes de fin de año. La madrugada del 2 de octubre, Trump anunció que él y su esposa habían dado positivo por la COVID-19 y fue ingresado en un hospital militar. El mandatario lo abandonó tres días después e insistió en quitar importancia al virus.  Brasil es el país con mayor cantidad de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y uno de los más afectados del mundo. El gigante sudamericano superó los 5.494.376 y suma 158.969 muertes. El Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro decretó el estado de calamidad pública, pero no ha dictado medidas de confinamiento obligatorias en todo el país, aunque sí lo han hecho los gobernadores de algunos Estados. El Estado de São Paulo, el mayor foco de contagio en Brasil, ha iniciado la reactivación gradual de la economía. Bolsonaro ha autorizado dar a los pacientes de coronavirus un fármaco sin aval científico que él y Trump apoyan, la cloroquina. México, nuestro país ya tiene 912.811 casos positivos y 90.773 fallecimientos por coronavirus. Está en la lista de 10 países con más muertes por la COVID-19. Es el tercer país más afectado por la pandemia en América, después de Estados Unidos y Brasil. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no impuso una cuarentena obligatoria por temor al impacto económico en el país, aunque sí suspendió las actividades no esenciales y aplicó medidas de aislamiento que finalizaron el 31 de mayo. Para avanzar en el desconfinamiento, México ha puesto en marcha un semáforo de cuatro colores que determinará la intensidad de la pandemia en cada Estado. En estos momentos, en Quintana Roo, estamos en el color amarillo. Tras superar el rojo y anaranjado, lucha para alcanzar el verde, el de la ‘nueva normalidad’.

Cuba, con los dedos cruzados para que gane el demócrata Joe Biden. El republicado, Donald Trump significa más presión y dificultades en momentos delicados para la isla. El que ocupó el cargo de vicepresidente durante los mandatos de Barack Obama, defendiendo junto al presidente afroamericano una política de apertura hacia La Habana, podría retomar de inmediato la política anterior, que supuso la reapertura de la Embajada de  Estados Unidos en el Malecón de la capital de Cuba. El corresponsal de EL PAIS, el español Mauricio Vicent, hijo del histórico columnista Manuel Vicent, narra, cuando apenas restan unas horas para que los estadounidenses acudan a las urnas, para reelegir o expulsar del poder a Donald Trump, que suena el teléfono en una calle de la Habana Vieja, y tras las consabidas quejas sobre “lo mal que está la cosa”, la escasez de detergente, la cola del pollo, etcétera, el interlocutor interroga con ansia: “¿Y qué tú crees que va a pasar el 3 de noviembre?”. La escena se repite invariable en Cuba desde hace semanas, pero a medida que se acerca la fecha de las elecciones en Estados Unidos el tono de la pregunta contiene cada vez más angustia. Da igual que la persona sea el dueño de un negocio privado, un hotelero extranjero, un funcionario estatal o un cubano de a pie aperreado por la vida; todo el mundo anda inquieto y preocupado, pues, dada la gravedad de la situación económica, se intuye que estas elecciones son clave para el futuro de Cuba.

“Por razones obvias, las elecciones norteamericanas siempre han sido algo importante para nosotros. Pero en esta ocasión, te diría que lo son más que nunca debido a la situación de extrema vulnerabilidad en que nos coge”, dice el economista cubano Omar Everleny. El investigador resume la dificilísima situación en que se encuentra la isla: con la economía semiparalizada debido a la epidemia de coronavirus, sin turismo -una de las principales fuentes de ingreso de divisas-, con un sistema productivo estatal ineficiente y anquilosado, pendiente de la aplicación de reformas mil veces demoradas, y sin liquidez para pagar deudas ni importar, lo que ha provocado un desabastecimiento de productos básicos sin precedentes -con el consiguiente aumento de la conflictividad social-. A ello hay que sumar la crisis en Venezuela, principal suministrador de petróleo a precios preferenciales, y el recrudecimiento del embargo por la Administración Trump, que ha adoptado más de 150 medidas y sanciones durante su mandato con el objetivo de asfixiar la economía -la última hace unos días contra el sistema financiero-, poniendo a Cuba contra las cuerdas.

“El panorama es tremendo”, coincide con Everleny un hombre de negocios extranjero con contactos en las alturas. Dice que cada vez que visitas un despacho oficial, y más si es el de un viceministro o “más pa arriba”, es lo mismo: “Todo el mundo mirando hacia EE UU con los dedos cruzados para que gane Biden”. No es para menos. El resultado de cuatro años de Trump ha sido muy dañino. El actual presidente norteamericano acabó con la política de acercamiento de Obama, atacó las remesas que los exiliados pueden enviar a sus familiares, prohibió los cruceros y los viajes de los norteamericanos -con Obama, EE UU se convirtió en el segundo país emisor de turismo hacia la isla-, y terminó con los vuelos directos a 15 provincias del país (excepto La Habana). Además, recuerda Everleny, incrementó la persecución contra los bancos que operan con Cuba, contra los buques que transportan petróleo a la isla, puso en vigor la ley Helms-Burton para desincentivar la inversión extranjera y arremetió contra los programas de colaboración médica cubana -que proporcionaban jugosos beneficios-. “En fin, que asestó un golpe durísimo a una economía ya en crisis por sus propios males”.

Según el Ministerio cubano de Relaciones Exteriores, “el bloqueo norteamericano provocó pérdidas de más de 5.000 millones de dólares solo el año pasado”. Eso en un país que ha de hacer milagros cada año para conseguir los 2.000 millones de dólares que necesita para importar alimentos y productos básicos, y donde el turismo, marchando a todo tren, aporta a la economía 3.000 millones de dólares. “Cuatro años más de Trump serían fatales, mientras que un triunfo de Biden daría oxígeno”, asegura el exdiplomático cubano Carlos Alzugaray. Este es el pensamiento general, pero también hay consenso en una idea que apunta el académico y experto en relaciones Cuba-EE UU Rafael Hernández, director de la revista Temas. “Pase lo que pase el próximo 3 de noviembre, Cuba depende de sí misma y del éxito de las reformas que tiene que hacer, pues el país necesita hacerlas con independencia de quien gane”. Las reformas anunciadas -que fueron aprobadas hace tiempo pero nunca implementadas por resistencias internas y diversas circunstancias- darán un impulso considerable a la iniciativa privada, estimularán la creación de pymes y cooperativas, crearán mercados mayoristas para los cuentapropistas, permitirán a los nuevos actores privados importar y exportar, otorgarán un mayor margen de autonomía a las empresas estatales y afrontarán de una vez por todas el problema de la unificación monetaria, que tantas distorsiones macroeconómicas ha provocado. Son reformas importantes en el contexto cubano, pero claro está, hay que hacerlas de verdad, sería fatal que otra vez la cosa se quedara en palabras o se hiciera a medias.

Obviamente, en este contexto, para Cuba es muy importante el resultado de estas elecciones. Trump significa más presión y dificultades en momentos delicadísimos. Biden, que defendió junto a Obama una política de compromiso y apertura hacia La Habana, podría retomar de inmediato la política anterior -cruceros, viajes de los norteamericanos, remesas, etc…- lo que supondría un alivio considerable, aire a corto plazo, y no solo para el Gobierno sino también para los cuentapropistas y dueños de restaurantes y hoteles privados, a quien la política de Trump machacó -se calcula que el daño al turismo y al sector privado por las medidas de Trump anteriores a la COVID-19, podría estar entre el 20 y el 30%, o más-. Un triunfo de Biden, además de oxígeno, daría tranquilidad a Cuba para acometer los cambios que se dispone a hacer y que ha pospuesto tantas veces. Pero ¿hasta dónde llegará Biden con la isla si gana las elecciones? ¿el presidente será que levante el embargo, que dura ya 60 años? Estas son las grandes preguntas. Tanto Hernández como Alzugaray piensan que Biden no se complicará y se limitará a poner en práctica la política de Obama, que él mismo defendió como vicepresidente, y cuyo alcance dependerá de varios factores, entre ellos el “cómo gane las elecciones, si las gana”. Una victoria rotunda, con dominio del Congreso y el Senado, podría abrir un escenario muevo entre ambos países, más si ello coincide con un proceso de reformas aperturistas en marcha en la isla, que ha sido siempre una de las demandas de Washington. Que nadie se equivoque. El 3 de noviembre, en los despachos decisorios de Cuba se va a seguir con mucho interés y los dedos cruzados la noche electoral norteamericana. Un amplio triunfo de Biden sería la mejor noticia, pero lo realmente importante, dicen todos los analistas, es que Cuba haga por fin y por su propio interés lo que tiene que hacer.

David D. Kirkpatrick y José María León Cabrera firman un artículo de investigación en el periódico The New York Times. Lo titulan ‘Donald Trump y Jair Bolsonaro debilitaron las defensas sanitarias de América Latina contra la COVID-19’… El coronavirus estaba ganando velocidad letal cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, el 7 de marzo el 2019 para cenar en Mar-a-Lago. Esa semana, Bolsonaro había cancelado viajes a Italia, Polonia y Hungría, y el ministro de Salud de Brasil le había instado para que se mantuviera alejado de Florida. Pero Bolsonaro insistió, ansioso por reforzar su imagen como el “Trump del trópico”. Sus ayudantes sonreían mientras posaban en el resort del presidente estadounidense con gorras verdes de “Hagamos a Brasil grandioso de nuevo”. Trump declaró que “no estaba preocupado en absoluto”, antes de pasear a Bolsonaro por el club y saludándolo con un apretón de manos. Veintidós personas de la delegación de Bolsonaro dieron positivo por el virus después de regresar a Brasil, pero el mandatario no se alarmó. Bolsonaro le dijo a sus asesores que el presidente estadounidense había compartido una cura: una caja de hidroxicloroquina, un medicamento contra la malaria que no había sido probado como un tratamiento efectivo y que Trump promovía como si fuese un remedio para la COVID-19. “Dijo que el viaje fue maravilloso, que se lo pasaron muy bien, que la vida en Mar-a-Lago era normal, que todos se curaron y que la hidroxicloroquina era la medicina que se suponía que debían usar”, recuerda Luiz Henrique Mandetta, quien en ese entonces era el ministro de Salud pero fue despedido por Bolsonaro al mes siguiente por oponerse a la dependencia de ese fármaco. La cena de Mar-a-Lago, que sería recordada por propagar la infección, consolidó una asociación entre Trump y Bolsonaro centrada en el desprecio que compartían respecto al virus. Pero incluso antes de la cena, ambos presidentes habían emprendido una campaña ideológica que socavaría la capacidad de América Latina para responder a la COVID-19.

En conjunto, los dos hombres que son feroces opositores de la izquierda latinoamericana, apuntaron contra el gran orgullo de Cuba: los médicos que envía por todo el mundo. Trump y Bolsonaro expulsaron a 10.000 médicos y enfermeros cubanos de diversas zonas empobrecidas de Brasil, Ecuador, Bolivia y El Salvador. Muchos se marcharon sin ser remplazados, solo meses antes de que llegara la pandemia. Luego, ambos líderes atacaron al organismo internacional más capacitado para combatir el virus, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), citando su participación en el programa médico cubano. Con la ayuda de Bolsonaro, Trump casi lleva a la bancarrota a la agencia al retener los fondos prometidos en el momento más álgido del brote, en una medida que no había sido revelada anteriormente. Y con la ayuda de Trump, Bolsonaro convirtió a la hidroxicloroquina en la pieza central de la respuesta pandémica de Brasil, a pesar del consenso médico de que el fármaco es ineficaz e incluso peligroso. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos advirtió en abril contra la mayoría de los usos del medicamento para tratar a la COVID-19. Un mes después, Trump anunció después de una llamada telefónica con Bolsonaro que Estados Unidos enviaría dos millones de dosis de ese fármaco a Brasil. Los precarios sistemas de salud y las ciudades superpobladas hicieron que América Latina fuera muy vulnerable. Pero al expulsar a los médicos, bloquear la asistencia e impulsar curas falsas, Trump y Bolsonaro empeoraron la mala situación al desmantelar los mecanismos de defensa. Con un tercio de las muertes registradas en todo el mundo, América Latina ha sufrido de manera más aguda los embates de la COVID-19 que cualquier otra región.

Los dos líderes más poderosos de las Américas, Trump y Bolsonaro, son ardientes nacionalistas que desafían la ciencia convencional. Ambos han privilegiado el crecimiento económico y las políticas a corto plazo por encima de las advertencias de salud pública. Ambos son profundamente hostiles contra los gobiernos de izquierda de la región, especialmente el de Cuba, una causa que ayuda a Trump con los votantes cubanoestadounidenses en uno de los estados cruciales para las elecciones, Florida. “En su afán por deshacerse de los médicos cubanos, el gobierno de Trump ha castigado a todos los países del hemisferio y, sin duda, eso ha significado más casos de la COVID y más muertes por el virus”, dijo Mark L. Schneider, exjefe de planificación estratégica en la OPS y quien también fue un funcionario del Departamento de Estado durante el gobierno de Clinton. “Es indignante”. Los países más pequeños y menos poderosos, como Ecuador, resultaron muy afectados. Ecuador accedió a la presión estadounidense y, poco antes de la pandemia, retornó a casi 400 trabajadores de la salud cubanos. Luego, el país también sufrió la congelación de la financiación de la organización de salud por parte del gobierno de Trump, lo que obstaculizó su capacidad para proporcionar suministros de emergencia y apoyo técnico.

Elen Ferreira do Nascimento, de 28 años, es consolada en Manaos, Brasil, en mayo mientras recogían el cuerpo de su madre. Las expulsiones de médicos cubanos dejaron a la región amazónica sin recursos contra el virus. “Nadie de la OPS estuvo aquí y sentimos su ausencia”, dijo Washington Alemán, un especialista en enfermedades infecciosas y exviceministro de Salud en Ecuador, quien diagnosticó el primer caso confirmado de la COVID-19 en ese país. “El apoyo ya no era como en años anteriores, en epidemias anteriores”. Casi todas las gestiones republicanas y demócratas previas consideraban la salud pública de América Latina como un interés nacional urgente, porque las enfermedades infecciosas pueden propagarse fácilmente entre América del Sur y América del Norte. Los funcionarios de la Casa Blanca dicen que el gobierno retuvo los pagos de la organización de salud para exigir transparencia. Señalan que Estados Unidos ayudó a la región de otras maneras como con la donación de decenas de millones de dólares a través de organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos, UNICEF y la Cruz Roja. Durante el verano, Washington envió cientos de ventiladores directamente a los sistemas de salud de los gobiernos. Pero los expertos en salud pública dicen que la Organización Panamericana de la Salud, con oficinas dentro de cada ministerio de salud y casi 120 años de experiencia en la lucha contra las epidemias, estaba en una posición única para enfrentar a la COVID-19. Incluso algunos críticos del programa cubano dicen que castigar a la agencia sanitaria saboteó ese esfuerzo. “La OPS no tenía las herramientas ni tampoco el dinero”, dijo Mandetta, el exministro de Salud brasileño que trabajó con Bolsonaro para expulsar a los cubanos. “La OPS no pudo expandirse de la manera en que se necesitaba y en Ecuador, en Bolivia, había gente muriendo en sus hogares y cuerpos abandonados en las calles por la falta de asistencia”.

Saber cómo sucedió eso es adentrarse en la historia de una batalla política que se movió entre muchos frentes, desde Brasilia a Miami y Washington. Dejó cicatrices desde pueblos de la cuenca del Amazonas hasta las barriadas de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. En octubre de 2018, Jair Bolsonaro llegó al poder en Brasil calificándose como un populista trumpista, hablando favorablemente de la “dictadura” y acusando a la izquierda tradicional de su país de aprender lecciones de la Cuba comunista. Además, prometió expulsar a más de 8.000 trabajadores médicos cubanos. Cinco años antes, uno de sus predecesores había invitado a los cubanos a ayudar a cuidar a más de 60 millones de personas, principalmente en pequeñas comunidades de la cuenca del Amazonas, muchas de las cuales nunca antes habían visto a un médico. Los estudios académicos reportaron altos niveles de satisfacción de los pacientes y la reducción en las tasas de mortalidad infantil. La OPS supervisó a los médicos cubanos en Brasil y promovió su trabajo como un modelo, en ese momento, el gobierno de Obama no puso objeciones.

Durante décadas, Cuba ha enviado trabajadores médicos para llenar los vacíos en los sistemas de salud en América Latina y muchas otras regiones. Cuba pagaba a los médicos hasta 900 dólares al mes, en comparación con los 50 dólares mensuales que podrían ganar en casa. Pero La Habana cobraba mucho más a sus gobiernos anfitriones (alrededor de 4.300 mensuales por cada médico en Brasil) y se quedaba con la diferencia. Cuba calificaba el programa como humanitario, mientras sus críticos señalan que el régimen de la isla limita la libertad de los médicos, al punto de llegar a calificarlo como trabajo forzoso y trata de personas. Durante la feroz campaña electoral de Bolsonaro, un periódico divulgó cables diplomáticos -con fechas que se remontaban a seis años- que sugerían que los funcionarios brasileños habían ‘enrutado’ los pagos del programa a través de la organización de salud, en parte, para evitar un debate en el Congreso brasileño sobre el convenio con Cuba. Bolsonaro acusó a la OPS de ser cómplice de la “esclavitud moderna” y prometió deshacerse de los médicos. Cuba ordenó que regresaran incluso antes de que tomara posesión.

En Miami, a unos 10.400 kilómetros de distancia, Tony Costa vio una oportunidad única. Costa, de 80 años y veterano de la fallida invasión de Bahía de Cochinos, ha pasado décadas trabajando para derrocar al liderazgo comunista en La Habana. Cuando relacionó las acusaciones de trabajo forzoso cubano con la OPS, con sede en Washington, supo que tenía algo que cautivaría al Congreso y a la Casa Blanca. Recuerda que pensó que era “¡como pan caído del cielo!”. Pronto, Costa descubrió a Ramona Matos Rodríguez, una médica cubana que había desertado a Miami de una misión en Brasil, y la ayudó a convertirse en la principal demandante en un proceso judicial que acusa a la Organización Panamericana de la Salud de trabajo forzoso y trata de personas. En un expediente judicial, los abogados de la organización dijeron que las acusaciones eran “extremadamente inexactas” y que “casi no se parecían a la realidad”. Los expertos dicen que la demanda es, en el mejor de los casos, una posibilidad remota pero, en términos políticos, tuvo un gran impacto. Sin esperar un fallo judicial, Costa, quien es fundador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami, llevó la demanda a la atención de sus poderosos amigos en el Congreso y la Casa Blanca. “Es simplemente despreciable lo que les están haciendo a estos pobres médicos”, dijo el senador Rick Scott, republicano por Florida, en una entrevista el mes pasado. Citando las acusaciones, el Departamento de Estado presionó a Ecuador, Bolivia y El Salvador hasta que el año pasado expulsaron a más de mil trabajadores médicos cubanos.

Pero el golpe más grande lo recibió la Organización Panamericana de la Salud. A menudo se le conoce como el brazo regional de la Organización Mundial de la Salud, pero tiene décadas de antigüedad y recibe mucha más financiación de los Estados miembro. Los expertos en salud pública atribuyen a ese organismo la erradicación de la viruela, la poliomielitis y el sarampión en América Latina, mucho antes de que fueran eliminados de África y Asia. El gobierno de Trump se centró intensamente en los vínculos de la organización con Cuba, a pesar de que su relación con los médicos de ese país había terminado aproximadamente un año antes, cuando abandonaron Brasil. Estados Unidos dejó de pagar sus cuotas anuales de 110 millones de dólares, más de la mitad del presupuesto básico de la agencia. El gobierno de Bolsonaro también congeló el pago de sus cuotas de 24 millones de dólares. Bolsonaro y su personal se negaron a hacer comentarios para este artículo. John Ullyot, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, defendió la suspensión del financiamiento estadounidense como un paso importante “para exigir la rendición de cuentas de todas las organizaciones internacionales de salud que dependen de los recursos de los contribuyentes estadounidenses”. A fines de 2019, la agencia enfrentó una grave crisis de financiamiento. Redujo drásticamente los viajes internacionales, congeló las contrataciones y disminuyó drásticamente los contratos de los consultores médicos que realizan la mayor parte del trabajo práctico. En seis semanas, la COVID-19 comenzó a diseminarse por América Latina.

Situada en la costa sur de Ecuador, Guayaquil es una ciudad portuaria rodeada por laderas cubiertas de barrios marginales. Bella Lamilla, de 70 años, llegó de España el 15 de febrero para visitar su lugar de nacimiento. Pero, mientras estuvo allí, desarrolló neumonía. Ecuador no tenía laboratorios con los suministros o la capacidad para realizar pruebas que detectaran el coronavirus, pero la familia de Lamilla la trasladó hasta una clínica privada donde trabaja Alemán, el exviceministro de Salud. El médico usó sus contactos para enviar una muestra a los Centros para el Control de Enfermedades en Atlanta. La noche del 29 de febrero, ella se convirtió en el primer caso confirmado en Ecuador. En dos semanas, todas las unidades de cuidados intensivos de la ciudad estaban abrumadas. Los médicos de Guayaquil dicen que si hubiesen tenido más recomendaciones prácticas de la Organización Panamericana de la Salud podrían haber ayudado a detectar el virus mucho antes de que penetrara tan profundamente en la ciudad. Un mercado de Guayaquil. La ciudad es próspera según los estándares nacionales, aunque todavía lucha contra la violencia y la pobreza en los barrios marginales. Luego, funcionarios sanitarios que estaban mal informados y los médicos locales agravaron la crisis con un error básico: el Ministerio de Salud Pública recomendó las pruebas baratas de anticuerpos contra el coronavirus, en vez de los exámenes genéticos que son más costosos y difíciles de procesar. Las pruebas de anticuerpos arrojaron falsos negativos cuando los pacientes eran más contagiosos, lo que los llevó a propagar el virus sin saberlo. “Fue ignorancia, absolutamente”, dijo Juan Carlos Zevallos, un epidemiólogo formado en Estados Unidos que, a fines de marzo, fue designado como ministro de Salud Pública. Un apoyo más directo de los consultores de la OPS “no solo podría haber evitado ese error, sino muchos otros”, dijo Alemán. Para muchas familias, esos errores significaron angustias. En julio, Patricio Carrillo, de 70 años, visitó a un médico en su centro de salud local, ubicado cerca de Quito, la capital de Ecuador. Su hijo recuerda que había recibido un resultado negativo de una prueba de anticuerpos y se le administró penicilina para la faringitis. “No tengo nada más que la gripe”, le aseguró Carrillo a su familia en un mensaje de voz. Se le escuchaba ronco. Días después falleció de la COVID-19. En el principal hospital público de Guayaquil, Paola Vélez Solórzano, de 38 años, especialista en enfermedades infecciosas, había instado a los administradores desde febrero para que prepararan una sala de aislamiento de coronavirus con 29 camas. Ella se apoderó de 900 trajes desechables de protección biológica que fueron ordenados por error para los trabajadores de mantenimiento. Pero cuando llegó la pandemia, sus preparativos fueron “igual que nada”, dijo. Tanta gente murió que los médicos tenían que pasar por encima de los cuerpos apilados en el suelo de la morgue. “Dondequiera que estuvieras, olía a carne podrida”, dijo. Su colega Galo Martínez, de 34 años, recuerda haber mirado por la ventana de la unidad de cuidados intensivos. “Todo lo que pude ver fue una multitud de personas pidiendo ayuda”, dijo mientras negaba con la cabeza. Como no contaban con suficiente equipo de protección, la mitad de los empleados del Ministerio de Salud Pública en Guayaquil se enfermaron, dijeron los doctores. Murieron más de 130 médicos. “Ni siquiera teníamos mascarillas”, dijo Zevallos, el ministro. Durante brotes anteriores, los médicos locales atribuyen a la OPS la adquisición de suministros o el envío de consultores capacitados para brindar ayuda técnica en los laboratorios y hospitales. Los funcionarios de la agencia dicen que esta vez enfrentaron desafíos especiales. Los materiales de prueba y el equipo de protección escaseaban en todo el mundo. A fines de marzo, la suspensión de los viajes aéreos comerciales dificultó el despliegue de los expertos. La crisis de financiamiento ocasionada por la decisión de Trump de congelar los fondos fue enorme, aunque los líderes trataron de compensarlo cambiando los recursos para priorizar la respuesta ante la COVID-19.

Jarbas Barbosa da Silva Jr., subdirector de la agencia, reconoció que el impacto del congelamiento de la financiación estadounidense fue “severo”, pero argumentó que sus consecuencias eran difíciles de evaluar con precisión. Afirma que, para la primavera, la suspensión de los fondos aún no era “una situación de vida o muerte” para la organización e incluso con una financiación más completa, la prohibición de viajes habría limitado sus opciones a ofrecer sesiones virtuales de formación. Sin embargo, otros altos funcionarios de la agencia -que hablaron con la condición de mantener su anonimato para evitar enojar al gobierno de Trump- dijeron que si hubiesen contado con más recursos financieros habrían podido brindar más ayuda práctica. Las reuniones regionales que podrían haber analizado los esfuerzos para combatir el virus fueron consumidas por la crisis de financiamiento.  “¿Habría que cerrar la sede? Todas estas discusiones ocuparon la agenda”, dijo Felipe Carvalho, asesor de Médicos Sin Fronteras, una organización sin fines de lucro. Carmina Pinargote, una funcionaria veterana del Ministerio de Salud en la costa norte ecuatoriana, sintió la diferencia. Pinargote recuerda cómo la OPS envió de inmediato a 15 epidemiólogos y expertos técnicos después del terremoto de 2016. Este año, dijo, solo un consultor de la agencia llegó hasta su región. Tampoco ayudó la salida forzosa del país de 400 trabajadores médicos cubanos. Hugo Duarte, director del Centro de Salud Martha de Roldós, a las afueras de Guayaquil, dijo que dos cubanos tuvieron que irse meses antes de la pandemia. Los médicos ecuatorianos habrían sido igualmente buenos, si el Ministerio de Salud Pública hubiese pagado lo suficiente para cubrir las vacantes, dijo. Pero la pérdida de recursos humanos afectó a la clínica, especialmente cuando estuvo enfermo durante semanas. “La gente caía muerta en la acera, justo afuera del centro de salud”, dijo Duarte.

Mientras la epidemia estallaba en Ecuador, Bolsonaro regresó a Brasil desde Mar-a-Lago. Rápidamente llamó a Nise Yamaguchi, una oncóloga de São Paulo que se había convertido en una destacada defensora de la hidroxicloroquina. Yamaguchi le dijo al presidente brasileño que el brote no dejó tiempo para realizar el tipo de ensayos clínicos que otros médicos estaban esperando. Brasil era conocido por tener uno de los sistemas de salud pública más sólidos de América Latina para combatir las enfermedades infecciosas. Pero cuando dos ministros se negaron a apoyar el medicamento, Bolsonaro los remplazó con un oficial militar leal, mientras que Yamaguchi se convirtió en su asesora de mayor confianza. En una entrevista, dijo que la donación de dos millones de dosis que hizo Trump logró que Brasil pudiera depender del medicamento. “Fue muy importante porque teníamos una escasez mundial de hidroxicloroquina en ese momento”, dijo Yamaguchi. “¡Dios es brasileño, la cura está aquí!”, dijo Bolsonaro a sus partidarios a fines de marzo. Ignorando el consenso médico, el Ministerio de Salud brasileño todavía proporciona hidroxicloroquina gratis a cualquier persona con la COVID-19. Y los críticos dicen que la promoción de la droga por parte de Bolsonaro, junto con su negativa a usar cubrebocas o distanciarse socialmente, ha socavado la salud pública. “La gente dice: ‘Si me enfermo puedo salir y conseguir hidroxicloroquina como el presidente’”, dijo Julio Croda, especialista en enfermedades infecciosas y exfuncionario del Ministerio de Salud. “La gente cree que puede vivir una vida normal y no necesita hacer ninguna prevención”.

Las comunidades indígenas de la remota cuenca del Amazonas, que perdieron a miles de trabajadores médicos cubanos, han sido las más afectadas. En comparación con otros brasileños de la cuenca del Amazonas, los pueblos indígenas tienen diez veces más probabilidades de contraer el virus, según datos de la OPS. Los cubanos habían sido una fuente fundamental de asesoramiento y tratamiento de salud, a menudo brindando la única atención primaria en cientos de millas, dijo Luiza Garnelo, médica y antropóloga de la fundación Flocruz, con sede en Manaos. Sin los cubanos, dijo, “no hay profesionales para diagnosticar”. Cuando golpeó la pandemia, la OPS comenzó a recaudar 92 millones de dólares para enviar expertos en enfermedades infecciosas y suministros críticos. Posteriormente, la meta se elevó a 200 millones de dólares. En tiempos normales, Washington sería uno de los mayores contribuyentes. Pero la principal agencia donante, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ahora está dirigida por el embajador John Barsa, un cubanoestadounidense y crítico del régimen de La Habana que en 2019 participó en una conferencia de prensa para anunciar la demanda contra la Organización Panamericana de la Salud. Esta vez, Estados Unidos casi no ofreció dinero. En mayo, el directorio de la agencia panamericana advirtió en un informe interno sobre una crisis que se avecinaba. Refiriéndose a la organización por su nombre alternativo, Oficina Sanitaria Panamericana (PASB, por su sigla en inglés), el informe decía que la retención de fondos del gobierno de Trump estaba “reduciendo significativamente la capacidad de la PASB para brindar cooperación técnica a sus Estados miembro, lo que implica, a corto plazo, la liberación de muchos miembros críticos del personal y trabajadores contingentes”. A finales de mes, Trump anunció que Estados Unidos se retiraba de la Organización Mundial de la Salud y que su gobierno congeló temporalmente otras subvenciones de la agencia panamericana. La USAID hizo una excepción: agregó 3,9 millones de dólares en donaciones relacionadas con Venezuela, según dijeron los funcionarios. Ese gasto forma parte de los esfuerzos de la administración para derrocar al gobierno de izquierda del país (los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades también enviaron 900.000 dólares).

Trump sigue presionando a otros países para que expulsen a los médicos cubanos, estados caribeños condenaron a la Casa Blanca

Pero la campaña contra la agencia se intensificó. “La OPS debe explicar cómo llegó a ser intermediaria en un plan para explotar a los trabajadores médicos cubanos”, declaró el 10 de junio el secretario de Estado, Mike Pompeo.Se necesitaron fondos de Canadá para que la organización sanitaria enviara algunos equipos de protección a Ecuador. Fue la primera vez que la organización hizo eso para poder ayudar a un país. El 25 de junio, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, recibió el cargamento en el aeropuerto. Finalmente, y por presión del Congreso estadounidense, el gobierno de Trump desbloqueó 65 millones de dólares el 15 de julio, evitando la insolvencia de la organización. Pompeo dijo que había aceptado una investigación externa del programa de médicos cubanos y que otros fondos se descongelaron poco tiempo después, luego de una suspensión de aproximadamente tres meses. “La OPS está en una posición única para ejecutar la respuesta contra la COVID-19 en ciertos países donde no existe una alternativa viable”, escribió un funcionario del Departamento de Estado el 15 de julio en un correo electrónico en el que informaba al personal del Congreso sobre el pago. Contraer el virus no cambió la perspectiva de los presidentes. Bolsonaro, de 65 años, se infectó en julio y solo sufrió síntomas leves. Celebró su recuperación con un paseo en motocicleta y continúa impulsando el uso de la hidroxicloroquina. Trump, de 74 años, silenciosamente dejó de promover ese fármaco. Cuando estuvo brevemente hospitalizado con la COVID-19 a principios de octubre recibió otros medicamentos. Comenzó a describir algunos de ellos como curas milagrosas y volvió a disminuir la importancia del virus. “La gente está cansada de la COVID”, dijo esta semana en una conferencia telefónica de su campaña electoral. “La gente dice: ‘Lo que sea. Déjennos en paz’”.

Los funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud dicen que solo han recaudado 46,5 millones de dólares de los Estados miembro para su meta de 200 millones para combatir el virus. El gobierno de Trump sigue presionando a otros países para que expulsen a los médicos cubanos. Durante este verano, una organización de Estados caribeños condenó a la Casa Blanca por amenazar con poner en una “lista negra” a quienes se niegan a hacer eso. Otros países conocidos por sus sofisticados sistemas de salud han dado la bienvenida a la ayuda cubana. Un grupo de 40 médicos cubanos fue a Turín, en Italia, durante la primavera pasada para ayudar a combatir la pandemia, dijo Carlo Picco, quien dirige los servicios de salud en la ciudad. “Los cubanos fueron una historia de éxito para nosotros”, dijo.

El Nueva York cubano, Hialeah, al norte de Miami, es la ciudad racial y lingüísticamente más homogénea de Estados Unidos

La gente hace fila en la mesa de votación de la Biblioteca John F. Kennedy, en el inicio de la votación anticipada en Hialeah, Florida, el 19 de octubre de 2020.  “Que apenas unos meses después se fuera a vivir con aquel tipo a un apartamento inmundo de la inmunda Hialeah, nada más y nada menos que Hialeah, resultó ser para la madre la prueba definitiva de la insania mental que afectaba a su hija”. Este es un párrafo de ‘Como polvo en el viento’, la novela recién publicada de Leonardo Padura sobre la diáspora cubana. Habrá opiniones para todos los gustos, pero puede afirmarse con cierta seguridad que Hialeah, al norte de Miami, no es un lugar inmundo. Sí se trata de un lugar muy especial: es la ciudad racial y lingüísticamente más homogénea de Estados Unidos (blancos, hispanoparlantes y de origen cubano de forma casi unánime) y es la única ciudad industrial del país que no ha dejado de crecer. Un vecino la define como ‘la Nueva York de Cuba’. Aquí no vive la rancia aristocracia del exilio cubano, la que toma café en la calle 8 de Miami y sueña con recuperar la propiedad de la isla. Tampoco vive aquí la nueva aristocracia cubano-americana de los Marco Rubio, los Mauricio Claver-Carone, los John Barsa o los Carlos Trujillo. En esta ciudad bulliciosa de 243.208 habitantes, según el último censo, se congrega gente ni muy boyante ni muy pobre (los ingresos anuales medios ascienden a 24.192 dólares) con ganas de trabajar y prosperar. En Hialeah arrasa Donald Trump. Por razones muy diversas y en conjunto bastante comprensibles.

La familia Rosales-Hernández resulta peculiar porque sus orígenes no son cubanos, sino salvadoreños. Hace solo un mes, en plena pandemia, invirtieron sus ahorros en la compra de un restaurante de cocina cubana, ‘Las Pavas 2’, y ahora intentan fusionar el menú de antes con sus propias especialidades y un popurrí continental. En la carta se mezclan el lechón, el chicharrón, el choripán y los refrescos colombianos. “No es fácil”, comenta una de las hijas. Necesitan sacar el negocio adelante. Lo último que desean son cierres y cuarentenas. Y eso, los cierres y las cuarentenas contra el coronavirus, se identifica con Joe Biden. Mejor, por tanto, Donald Trump. Aylín dirige una agencia de viajes especializada en vuelos a Centroamérica y el Caribe (muy especialmente a Cuba) y ahora, por la pandemia, apenas tiene actividad. Llegó de Cuba en 2013. Su marido se había establecido poco antes en Hialeah. Rubia y de ojos claros, Aylín se aparta del cliché físico caribeño. Casi toda su familia se quedó en Cuba, mantiene frecuentes contactos con ellos y, pese a “la tristeza por el comunismo”, no se siente exiliada sino emigrante. También se aparta del cliché local porque no comparte el entusiasmo mayoritario por Donald Trump: no piensa votar, los dos candidatos le parecen malos. Pero cree que “Trump tiene razón al decir que si gana Biden este país dará un paso hacia el socialismo y la pobreza”. Y si la obligaran a votar, no dudaría: Trump. “Donald Trump va a ganar en Florida, segurísimo”, afirma. El joyero Mike compra y vende oro. Reconoce que su negocio va bien: “Unos tienen que vender, otros quieren comprar”. Su acento es cubano pero con matices. “Nuestra familia tiene raíces en Cuba, España y Portugal y yo soy de Miami. Lo que usted escucha”, explica, “es el acento de Hialeah”. Como en otros lugares visitados, Mike y su familia derrochan amabilidad con el reportero. Amabilidad y café cubano. Después de varios dedalitos de ese brebaje delicioso y explosivo (y legal, a diferencia de la cocaína), al corresponsal le tiemblan las manos y apenas comprende sus propias notas. Aylín, la directora de la agencia de viajes, había comentado antes que no todo el mundo se acostumbraba al ruido y la actividad constante de Hialeah (no saquen de ello conclusiones erróneas: es una población limpia y ordenada). A Mike le encanta esta ciudad “donde si quieres cenar a las tres de la madrugada, tienes muchos restaurantes donde elegir” y donde “las cosas buenas son muy buenas y las cosas malas tienen remedio”. “Esto es el Nueva York cubano”, proclama. El joyero, sin mascarilla, estrecha la mano al reportero. Es escéptico sobre la pandemia. “Lo importante”, dice, “es seguir trabajando y que la economía no se detenga”. Resumida en dos palabras, esa frase significa “Donald Trump”.

Paul Auster: “Todo en la historia de Estados Unidos vuelve siempre al racismo, es el defecto mortal de este país”

El novelista, que promueve una asociación de escritores contra  Donald Trump, lamenta que los demócratas no hayan dado a la clase trabajadora “ninguna razón para votar por ellos”. Esta entrevista forma parte de una serie de charlas con intelectuales, editores, activistas, economistas y políticos de primer orden que ayudan a describir el estado de cosas antes de las elecciones. Cuando se abre la página web de Escritores Contra Trump, se ve una fotografía en tono sepia de un joven tirado en el suelo, como en posición fetal, rodeado de numerosas piernas de hombres trajeados. “Ese joven soy yo”, revela Paul Auster, bajando sus inconfundibles cejas negras en un gesto entre el pudor y la chanza. “Es en 1968, cuando tenía 21 años, y me están arrestando en la universidad de Columbia”. Eran los años de ese movimiento por los derechos civiles que se cuela en las páginas de su última novela, ‘4321’ (Seix Barral, 2017), una de sus obras más ambiciosas y celebradas. La fotografía prueba, explica el novelista, que siempre ha estado implicado en la política. “Pero nunca tan activamente como ahora”, reconoce, “porque siento que ahora el futuro entero de Estados Unidos está en juego”. El autor de ‘La trilogía de Nueva York’, con hordas de lectores por todo el mundo, ha pasado a la acción a sus 73 años, liderando un movimiento de escritores contra el presidente republicano que se somete a la reelección este 3 de noviembre del 2020, y asiste atónito y preocupado a una campaña que desafía los límites de su prodigiosa imaginación.

Incluso para un novelista como usted, sería difícil imaginar una campaña como la que estamos viviendo… “ Es una locura. Es el tipo de narrativa compleja propia de la mala literatura. Cuando Trump enfermó, no obstante, me pareció el tipo de historia que Sófocles o Shakespeare pudieron haber escrito. Y tenga en cuenta que vivimos con la posibilidad, por ejemplo, de una especie de golpe de Estado si Trump pierde. Parecen dispuestos a intentar invalidar la elección. De verdad lo están diciendo, no sé si es un farol o si tienen una organización en marcha, preparada para destruir el voto. Desde la distancia parece que es el caos total y que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Pero también pensamos eso hace cuatro años y se las arreglaron para poner a Trump en la Casa Blanca?

“Tenemos una agencia de protección del medio ambiente que no quiere proteger el medioambiente”

¿Cómo ha quedado su país después de estos cuatro años? “Creo que está más débil y más dividido de lo que ha estado probablemente en los últimos 150 años, desde el final de la Guerra Civil. Durante décadas, el Partido Republicano se ha movido más y más y más hacia la derecha, tanto que es hasta difícil hablar de ellos como un partido que cree en la democracia. Creen en el poder. Y entre sus fundamentos filosóficos está el hecho de que realmente no quieren un Estado. Creo que con Trump el desmantelamiento de la estructura entera de lo público en EE UU se ha acelerado de maneras que no hemos visto hasta ahora. Tenemos una agencia de protección del medio ambiente que no quiere proteger el medioambiente. Tenemos una secretaria de Educación que no cree en la escuela pública. Y así todo. Mucha de la gente que está sufriendo más sus decisiones les está apoyando por razones muy complejas, que tienen poco que ver con la política, y todo que ver con lo que podemos llamar una guerra cultural americana”.

Y entonces llegó una pandemia… “Creo que no he sentido más indignación en mi vida sobre cómo un problema público ha sido gestionado por las personas en el poder. Lo llamaban una farsa, o algo creado por China. No han asumido la responsabilidad de gestionar una crisis nacional”.

“América es un país de inmigrantes, de gente de todos los orígenes… Muchos celebramos esa diversidad, pero otros no”

Hace cuatro años fue una de las pocas voces que advirtió de que había que tomarse en serio a Trump. ¿Por qué supo que podía ganar? “Primero, por el sistema que tenemos, el sistema del colegio electoral. Es la manera en que un candidato que no tiene la mayoría de votos puede ganar la presidencia. Pero sentí que había mucho más apoyo a Trump que el que decían los sondeos y la prensa. Y lo que convirtió mi optimismo en pavor fue el voto del Brexit en Inglaterra en junio. Pensé que si podía pasar allí, podía pasar aquí. Es una parte similar de la población, nacionalista, blanca, hostil hacia los inmigrantes, temerosa del otro, y enfadada por considerarse ignorada por la cultura general. Hay mucha gente que se siente así, aquí y en muchas partes de Europa occidental. Solo que aquí los números son muy grandes”.

¿Por qué les gusta Trump? “Porque les hace sentirse bien sobre sí mismos, y los demócratas les hacen sentirse mal sobre sí mismos. Es una manera cruda de verlo, pero es comprensible. Por eso le votan. Igual que Adolf  Hitler les hizo a algunos alemanes sentirse bien sobre ellos mismos. Es una hostilidad furiosa y resentida hacia una sociedad cambiante. América es un país de inmigrantes, de gente de todos los orígenes, colores de piel, religiones, culturas. Muchos celebramos esa diversidad, pero otros no”.

“El sistema capitalista americano ha creado una sociedad injusta e inclinada hacia los ricos,  el país va a seguir empeorando”

En su última novela, ‘4321’, retrata el movimiento de derechos civiles en los años 60 y 70. ¿Cómo ha vivido la reciente movilización por la justicia racial? “Me ha devuelto fe en que América puede estar empezando a reexaminarse. Y eso es bueno. Las protestas fueron las más largas y masivas de la historia de este país. Y lo que es más importante, muchas personas blancas empezaron a preguntarse, por primera vez en sus vidas, cómo sería crecer siendo una persona negra en este país. Que esto sea algo sostenido y se convierta en parte de una conversión nacional duradera, está por ver. Pero ha sido grande. No se puede ignorar. Es una de las cosas más poderosas que he visto en toda mi vida”.

¿Puede Estados Unidos volver a la normalidad después de estos cuatro años? “Las cosas han cambiado para siempre. El mundo en general, y América en particular, están en crisis. Tenemos el gran problema verdadero al que debemos enfrentarnos todos, que es el cambio climático. Está llegando rápido. Es como un asteroide tremendo que viene del espacio y va a destruir grandes partes de la Tierra. Si no actuamos ya, será demasiado tarde. Y el sufrimiento en las generaciones venideras va a ser espantoso. Ya vemos los primeros signos en este país, los peores incendios y los peores huracanes que hemos tenido en nuestra historia. Y solo es el principio. Va a implicar una nueva forma de vida. La gente se enfada por llevar máscaras en la pandemia, imagínese los tipos de cambios que tendremos que hacer para reducir las emisiones. Luego está el sistema capitalista americano, que ha creado una sociedad tan injusta y tan inclinada hacia los ricos, que salvo que se aborden estas cuestiones, el país va a seguir empeorando. Todo eso debe ser abordado. Y va a haber retrocesos continuamente. No va a ser fácil. Pero creo que si los demócratas llegan al poder, y el Senado se convierte en una institución democrática, se pueden aprobar muchas leyes que empiecen el proceso de arreglar algunas de las injusticias más atroces del país”.

“El Tea Party fue una ofensiva de la extrema derecha para oponerse a Obama y a los demócratas”

¿Cómo perdieron los demócratas la capacidad de apelar a la clase trabajadora? “No les han dado ninguna razón para votar por ellos. Están enfadados y resentidos, y los republicanos les hacen sentirse mejores. Pero por lo que se sienten mejores no tiene nada que ver con cómo les va la vida. Simplemente les refuerzan la superioridad que muchos sienten sobre los inmigrantes, las personas de piel oscura, y su etiqueta de blancos por sí sola les da una superioridad sobre otras personas”.

¿Habría que buscar las raíces de parte de esto en la presidencia de Barack Obama? “El problema con la Administración Obama fue el siguiente. Tuvo ocho años de mandato. Los dos primeros, en los que contaba con la mayoría demócrata en Congreso, los dedicó a sacar adelante un plan sanitario. Eso es lo que quiso hacer primero. Puede ser discutible que fuera la mejor estrategia, pero definitivamente era un asunto importante, uno que ningún presidente nunca había podido resolver. Lo sacó adelante sin un solo voto republicano. Eso es llamativo. Muchos estábamos emocionados e inspirados por el hecho de que América había elegido a Obama y teníamos un presidente negro en la Casa Blanca. Piense en el simbolismo. Pero yo diría que para un tercio de la población, esto era probablemente la cosa más horrible que había sucedido nunca. Estaban horrorizados y enfadados. Tan amargados que inmediatamente después de que Obama fuera elegido, grupos de derechas empezaron a crear algo de lo que ya nadie habla, que es el Tea Party. El Tea Party fue una ofensiva de la extrema derecha para oponerse a Obama y a los demócratas. Y en 2010 ganaron la mayoría en Congreso, así que Obama no pudo hacer nada. No pudo sacar adelante ninguna ley. Y la verdad, los insultos que le dedicaron, la falta de respeto… parece como si hubieran agarrado a un hombre negro y lo hubieran atado con cuerdas. Le vendaron los ojos, le metieron un pañuelo en la garganta y le dieron patadas y puñetazos durante seis años. Seis años apaleándolo. Así que no fue su culpa. Fue la reacción a él la que desató un racismo en este país, que yo no creí que fuera tan profundo. Reveló las fallas geológicas de nuestro país. Y alimentó esa guerra cultural que Trump ha estado liderando estos cinco años, desde que inició su carrera presidencial”.

“En Estados Unidos hay banderas confederadas, y para mí no es diferente a una esvástica. Representa lo mismo”

¿El resultado son dos bandos irreconciliables? “El país está tan peligrosamente dividido que es difícil imaginar cómo las dos partes pueden siquiera hablar. Ya no hay diálogo. Es como si estuviéramos en 1861, cuando empezó la guerra de Secesión, porque el odio entre las dos partes es colosal”.

Es siempre el racismo la fuerza detrás de todo… “Sí. Todo en la historia de Estados Unidos vuelve siempre al racismo, es el defecto mortal de este país. La esclavitud era legal desde el momento en que empezaron las colonias. Para construir un país después de la revolución, teníamos 13 colonias. En algunas no había esclavitud porque la economía no dependía de ella. En el sur, por supuesto, la economía dependía del trabajo esclavo. Y para que estos Estados pudieran incorporarse a la unión y ser parte de EE UU, pidieron ciertas concesiones del norte, entre ellas que la esclavitud no fuera declarada ilegal, y que aunque tuvieran poblaciones más pequeñas, pudieran tener más representación en el Congreso contando a los esclavos. Los contaban como tres quintas partes de un ser humano. Fue un compromiso asqueroso. Y hemos estado pagando el precio desde entonces. Hasta que podamos confrontarlo, nuestro país no se podrá curar. En Alemania hay museos del Holocausto, no hay banderas nazis. En Estados Unidos hay banderas confederadas, y para mí no es diferente a una esvástica. Representa lo mismo. Por eso estas protestas me inspiran, porque parece la primera vez que la América blanca, o parte de ella al menos, lo capta. Pero hasta que sea universal no podremos estar menos divididos de lo que estamos”.

“Si Trump sigue en el poder, cualquier apariencia de democracia va a desaparecer. Y vamos a ser un país diferente, un país autoritario”

¿Qué le parece Joe Biden? “Biden es un demócrata moderado. Ha estado en la vida pública durante medio siglo. Nunca me ha gustado particularmente. Creo que muchas de las cosas que ha hecho han sido estúpidas. Pero sé que es básicamente una persona decente. No tiene tendencias criminales. Quiero decir, nos está gobernando un criminal. Tenemos a un criminal en la presidencia ahora, un mentiroso y un ser humano abominable. Joe Biden es decente. Creo que se ve a sí mismo en un gran momento de la vida americana y con el peso de Franklin Delano Roosevelt cuando llegó al poder en 1933 en medio de la Depresión. Hasta ahora creo que ha hecho un trabajo bastante bueno. Pasó meses sin decir nada y estaba bien. Yo le decía a Siri [Hustvedt, escritora y su esposa]: ‘Los demócratas podrían presentar a un tronco de árbol contra Trump, y el tronco ganaría’. Creo que Biden, actuando solo como un tronco, lo hará mejor que si está ahí fuera gritando y agitando los brazos. Ahora, lo importante es sacar a Trump y a los republicanos. Después ya nos preocuparemos por Biden”.

“Los escritores están bien posicionados para defender la democracia”, escribe en la presentación de Escritores Contra Trump. ¿En qué sentido? “Si los escritores somos buenos en algo, es en expresar las ideas en lenguaje claro y conciso. Los escritores somos ciudadanos, y muchos de nosotros entendemos lo importante que son estas elecciones. Así que decidimos unirnos en un grupo y debatir lo que podemos hacer para contribuir a derrotar a Trump. Decidimos que era tarde para tratar de persuadir a nadie, así que nos concentramos en movilizar a la gente para votar. Porque todo se reduce a votar. Hubo 95 millones de personas que no votaron la última vez. Es asombroso. Quisimos concentrarnos en gente joven progresista que no está muy contenta con Biden y Harris. Queremos persuadirles de que no votar es votar por Trump. Si después quieres presionarles para que sean más progresistas, bien. Pero tenemos que hacer que ganen antes. Empezamos con 80 escritores y ahora hay más de 1.700”.

¿Es este el momento de su vida en que más implicado está en política? “Siempre he estado implicado, pero nunca tan activamente como ahora. Porque siento que el futuro entero de América está en juego. Si Trump sigue en el poder, cualquier apariencia de democracia va a desaparecer. Y vamos a ser un país diferente, un país autoritario. Es una posibilidad muy fea. Y trato de hacer lo que pueda para que no suceda”.

@SantiGurtubay

@BestiarioCancun

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