Sep 2, 2022

La ‘lumpenización del crimen organizado’

México, un país dividido ante la inseguridad que ahoga al consumidor indefenso y dispara la inflación, “El presidente se inhibe ante una nueva guerra entre cárteles”

SANTIAGO J. SANTAMARÍA GURTUBAY

La inseguridad es la principal preocupación de los mexicanos. Un 45% de los encuestados por la consultora Enkoll en un estudio realizado para EL PAÍS y W Radio la señala como su principal inquietud. La elección es rotunda a pesar del aciago horizonte económico y de la inflación que asedia a millones de personas, ya que solo un 35% sitúa las turbulencias financieras a la cabeza de la lista de problemas más graves. La corrupción, cuyo combate es uno de los caballos de batalla del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, queda todavía más lejos y preocupa al 20% de los votantes. El sondeo se realizó entre el 16 y el 19 de agosto, días después de que unos narcobloqueos en Jalisco, Guanajuato y Baja California pusieran en jaque a poblaciones enteras en medio de balaceras y quemas de vehículos y comercios. La oposición suele criticar al Gobierno por haber adoptado una estrategia contra el crimen organizado más centrada en la prevención que en la respuesta, mientras el presidente niega rotundamente haber abierto la mano. En cualquier caso, la violencia no cesa, impulsada por una nueva guerra entre carteles. Y la población está dividida, de acuerdo con los datos del sondeo. Si un 50% sostiene que López Obrador sí está haciendo lo necesario para evitar episodios como los narcobloqueos, un 47% mantiene lo contrario. Además, los gobernadores estatales son percibidos como los principales responsables de evitar los hechos violentos por un 28% de la población, por encima del presidente.
En julio fue detenido por las autoridades mexicanas uno de los capos más buscados y fundador del antiguo cartel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero. Desde el momento del arresto Estados Unidos, que participó indirectamente en el operativo que llevó a su captura a través de su agencia antridroga, la DEA, solicitó la extradición del narcotraficante. El trámite todavía no se ha concretado, atascado en un mar de recursos judiciales, pero el caso es emblemático es la punta del iceberg de la colaboración entre México y Washington en materia de seguridad. El debate sobre la cooperación con el país vecino no es nuevo y las dos Administraciones pusieron en marcha hace un año un nuevo programa de seguridad, bautizado como Entendimiento Bicentenario. Sin embargo, aún no existe o no se ha difundido un balance claro de resultados. En este contexto, los votantes mexicanos están divididos también sobre la eficacia de la colaboración binacional. El 48% cree que sí es necesario lograr una mayor cooperación con el Gobierno de Joe Biden, pero un 47% no lo ve necesario.
De norte a sur, México está atravesado por bandas delictivas o criminales que no salen en las series de televisión surcando el cielo con su carga de drogas. Sin estar encabezadas por célebres mafiosos, han tejido infinitas redes de extorsión a la pequeña y mediana economía que ahogan a la agricultura, el comercio y llegan hasta las viviendas, donde el ciudadano se siente cada día más desconcertado sobre el destino final de su dinero cuando llena la cesta de la compra o el tanque de la gasolina; cuando carga el gas en la casa o se toma una cerveza; cuando adquiere productos en el tianguis o se cuida la salud en una clínica. Detrás de un incendio en el mercado o de la subida del precio de las tortillas o el desabastecimiento de pollo están las bandas criminales, con una penetración en la economía tan amplia que es casi imposible encontrar una transacción que no les beneficie, directa o indirectamente. Los últimos datos del Inegi, para 2019, revelan que el daño a las empresas por estas mañas fue de 359.000 millones de pesos, casi dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB) y los delitos contra las personas ocasionaron pérdidas de 277.000 millones de pesos. A punta de pistola.
Los días en que el crimen organizado se concentraba en el narcotráfico quedaron en el pasado. Muchas organizaciones cambiaron su empuje delictivo nacional para situarse en el negocio de la extracción de rentas sociales. El analista de seguridad Guillermo Valdés ilustra esta deriva que experimentó el narco recurriendo al ejemplo de los Zetas, que no quisieron conformarse con ser el brazo armado del cartel del Golfo, sino su socio. “Mi hipótesis es que no les dieron entrada y se separaron, pero los Zetas controlaban ciudades en mitad del país, de Chiapas a Tamaulipas y habían recibido capacitación y armas”. Captaron a los delincuentes tradicionales y les abrieron nuevas vías de negocio a cambio de la mitad del pastel. La extorsión, el cobro del piso, se extendió por todo el país. Hará de esto 10 o 12 años. Y el asunto no ha hecho más que perfeccionarse. Cuando uno compra en un tianguis un kilo de limones o de aguacates no sabe cuánto de su dinero se empleará en pagar el piso o si la mercancía es robada o si al tendero se le ha impuesto un proveedor desnudando las ganancias de otro.
El cierre de las pollerías en el mercado central de Chilpancingo, la capital de Guerrero, hace unas semanas, llevaba el sello criminal. Laura Atuesta, coordinadora del programa de Política de Drogas del CIDE (Centro de Investigación y Educación Superior, ubicado en Ciudad de México, especializado en Ciencias Sociales). aventura un motivo: “Muchos taqueros, polleros son captados para vender drogas al menudeo, ellos son repartidores a domicilio, tienen su infraestructura. Si se niegan, los matan”, dice. Esa puede ser una explicación, que remite al narco y que no estaría desconectada de los grandes carteles. Pero hay otros ejemplos que cita Atuesta: “Últimamente pasa algo en Guanajuato, ya van dos luchadores muertos o desaparecidos, los levantan en la mima arena. Es un mundo de apuestas y mucho dinero, quizá sea por eso”. El problema, dice, es que no hay facilidad para investigar, “apenas se sabe que las extorsiones son la punta del iceberg”. Ella está monitoreando las notas de la prensa local y conoce también que el robo de bancos está muy organizado y dirigido desde dentro o que los talleres mecánicos sufren mucha delincuencia, pero no alcanza a describir un porqué certero.
Atuesta lo ve como una guerra en el inframundo. Los muertos son un peaje que no importa a casi nadie, son pobres los que extorsionan y son pobres los extorsionados. “El 90% es gente humilde, la taquería de la esquina, cualquier puesto ambulante”. El consumidor nunca sabe si tienen relación con las bandas o solo sufren su yugo. “No comprarles [porque pagan piso al crimen, por ejemplo] sería como poner precio a su cabeza”. O dar un tiro a su economía familiar, así que sí, “todos contribuimos a mantener eso”, dice Atuesta. La solución, para esta analista, sería el fortalecimiento de la policía local. “No estoy mandando al Ejército a los cuarteles, no, pero si se apuesta todo por los militares y la Guardia Nacional se está desprotegiendo a la población”, que se va acostumbrando a la ilegalidad y al delito como un modo de vida. “Estamos dejando los barrios a merced del crimen”, añade. En zonas complicadas de la Ciudad de México, como Iztapalapa, muchos vecinos saben a quién deben comprar el agua o el gas. Ay si no.
El nivel de esta delincuencia es tan micro, tan a pie de calle, que lógicamente afecta a los pobres. Valdés menciona datos de espanto, como “crímenes pagados a 100 pesos o extorsiones a indígenas huicholes, ¿qué les pueden robar?”. A este fenómeno tan micro él lo denomina “lumpenización del crimen”. Menciona, sin embargo, que la subida, aunque leve, del nivel de ingresos de los mexicanos, aunada a la informalidad del empleo, que alcanza a la mitad del trabajo que se desarrolla en el país, ha generado una delincuencia específica. “Si alguien tienen dinero y quiere un celular iPhone, pues lo encontrará en los puestos ambulantes porque se habrá incrementado el robo de celulares”.
La economía se resiente por todas las costuras. Luis Astorga, uno de los grandes expertos en las redes criminales mexicanas, apunta otra característica que incide en ello. Hay amplias zonas en las montañas donde se cría la amapola y se conoce bien la palabra fentanilo, por ejemplo, “donde la economía está indexada al dólar y quien no pertenece a ese circuito está en desventaja, porque acaba afectando a los precios”. Los impuestos por las tortillas, el pollo, el aguacate michoacano o el limón, dice, distorsionan los precios para el consumo básico. No cree, sin embargo, este experto del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que la solución a todo esto sea sencilla, por más que esta economía manchada de sangre sea un secreto a voces. Se trataría, dice, de voluntad política, pero no es sencillo distinguir cuándo los criminales y los políticos “están en connivencia o en competencia”. O sea, si el cobro de piso, por ejemplo, compite con las atribuciones propias del Estado o se produce en connivencia con él. La maraña mexicana es inextricable. Puede ocurrir que cobre el impuesto un funcionario y que las arcas públicas no vean un peso de lo recaudado. Se llama corrupción y está bien extendida. Los partidos políticos tienden una larga sombra por los barrios mediante caciques locales, asegura Astorga.
“Hay una gobernanza local del crimen que los Gobiernos ignoran o quizá no disponen de la información completa. Tampoco podemos esperar que la policía local, que no tiene ni para comprarse uniformes, pueda combatir eso”, asegura Laura Atuesta. Más bien cabe esperar que participen de la tarta. “La policía opera como protector de estas bandas de barrio en muchos casos. No se puede pensar que los delincuentes actúen con esa libertad si no fuera así”, añade Valdés, que fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Inteligencia del país, de 2007 a 2011.
Por más empeño que le ponga la policía, de todas formas, el crimen muta. “Estamos viendo un alejamiento de la extorsión a comerciantes y vendedores en mercados para buscar directamente a sus proveedores, lo que requiere menos mano de obra, en este caso, mano de obra criminal”, dice Stephen Woodman, analista en la firma AIS Intelligence. “Lo hemos visto en Guerrero, con el pollo, por ejemplo, cómo van directamente a los proveedores y ellos pueden dictar los precios”. En febrero, un reporte del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la Universidad Nacional Autónoma de México encontró que “el crimen organizado se ha conformado como un cartel que determina los precios en la producción, distribución y venta, además de la temporalidad y volumen de cosecha y la fabricación de bienes”, de acuerdo a un boletín. El crimen tiene mayor presencia en las actividades primarias, como la agricultura, pero se acerca cada vez a la venta al minoreo. “Más allá de su comportamiento económico en las actividades primarias, representado en porcentaje, las ciudades agropecuarias que más sufren la extorsión son: Irapuato con 40,3%; Uruapan, 36,8%; Oaxaca, 33,3%; Xalapa, 26,7% y Coatzacoalcos, Aguascalientes y Pachuca, con cifras similiares”, dice el reporte de los economistas del LACEN (Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios).
Lo que en principio parece micro, se multiplica para que los beneficios operen del mismo modo: “Esto en una gran escala”, explica Alejandro Schtulmann, presidente de la consultora de riesgo en mercados emergentes Empra, en Ciudad de México: “¿Cuántas personas consumen tortillas, cuántas personas consumen pollo, carne, pescado, flores o jabones? Es así como se está metiendo el crimen organizado en el retail”. “Lo que ocurre también a nivel local en todos los gobiernos, particularmente en zonas rurales, es que el crimen ya tiene cierto conocimiento del presupuesto de los gobiernos locales, por lo que llegan con el presidente municipal, o síndico, y le dicen: ‘a ti te asignaron 750.000 pesos de presupuesto para esto, yo te voy a presentar a la compañía que vas a contratar´”. El enésimo video difundido a través de Twitter muestra un mototaxi parado en el cruce de una calle en la colonia Euzkadi de la Ciudad de México. Hartos de las extorsiones, los conductores habían ido contra los delincuentes, pero uno de ellos lo pagó caro: el encapuchado se acerca con su pistola y de un tiro lo derriba al suelo. Y lo remata. El crimen se ha adueñado de cada calle. Todos quieren cobrar su parte, que en muchas ocasiones no es más que el reparto de la miseria.
Para Atuesta, no hay duda. Los ciudadanos, en tanto consumidores, “estamos financiando” a estas redes criminales. Pero todo está a oscuras. “Hay mala calidad de la información oficial y no se puede hacer un buen trabajo sobre el terreno”, afirma Astorga. “Es difícil determinar la correlación de fuerzas entre la política y el crimen. La opacidad de los gobiernos se mide en cada sexenio, en este hay una gran opacidad, una enorme dificultad para obtener datos duros y los que existen, sale el presidente y los niega. Y a él le cree más la gente que a la virgen de Guadalupe”, ironiza Astorga. Para que un ciudadano sepa que su dinero no está financiando actividades ilegales, solo le queda “comprar una caña y pescar él mismo lo que va a comer”.
El crimen organizado en el Estado de Guerrero obliga a los comerciantes a subir y bajar el precio de la tortilla según lo considere oportuno. Así lo han asegurado a EL PAÍS comerciantes e integrantes de la industria. Con la inflación al alza, el precio del kilo de tortilla en el país ha sufrido aumentos considerables en lo que va del año. En Guerrero, donde el kilo de este alimento básico fluctuó en días pasados entre los 28 y 30 pesos, (poco menos de un dólar y medio), un grupo del crimen organizado ha obligado ahora a los comerciantes a bajar sus precios a 21 pesos. “[Los criminales] creen que uno sube el precio porque se nos ocurre, sobre todo en la zona de Guerrero, donde por inseguridad los costos del transporte son más altos”, dice en entrevista Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. Varias fotografías compartidas en redes sociales y en medios de comunicación locales ilustran la bajada obligada. “A partir del 15 de agosto, por apoyo a las familias igualtecas, el precio del kilogramo de tortilla, 21 pesos, kg taquería 19. Atentamente. La Sierra [uno de los grupos criminales de la zona]”, reza el texto de un cartel colocado en una tortillería en Iguala.
A través de cartulinas o carteles en los establecimientos es como los miembros de La Sierra anuncian su determinación de precios. En octubre de 2021, el grupo, también conocido como Los Tlacos, ordenó a los comerciantes de más de una veintena de tortillerías a bajar sus precios entre uno y dos pesos. Hace algunas semanas, los tortilleros de Iguala también se vieron obligados a cambiar sus precios, pero esta vez, al alza. Mientras que a mediados de junio el kilo rondaba los 20 pesos, las tortillerías se vieron obligadas a venderlo en 25 y hasta a 27 pesos, ya que tenían que pagar una cuota a los narcotraficantes conocida como “derecho de piso” para poder seguir abriendo sus cortinas. Hace seis semanas, en Zihuatanejo, unas 50 tortillerías dejaron de abrir por dos días, de acuerdo con varios reportes de la prensa local ante las amenazas que habían recibido. Para el líder de los comerciantes tortilleros, que agrupa a más de 19.000 establecimientos en varios Estados del país, la seguridad es un tema que se ha descuidado en Guerrero y en otros lugares. “Tenemos inseguridad en gran parte del país, en las carreteras, de la Ciudad de México a Puebla, a Veracruz, en Guerrero, es un tema muy generalizado. Esto sigue siendo urgente, porque los fleteros (transportistas) no quieren entrar a una zona porque los pueden asaltar”, dice. En lo que va de 2022, la tortilla, base alimentaria de los mexicanos, ha visto un incremento promedio de 13,52%, el más alto en los últimos cinco años derivado de la inflación generalizada. El precio promedio en las tortillerías del país es de 21,24 pesos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Integración de Mercados de la Secretaría de Economía, pero en el Estado de Guerrero y en Sonora el kilogramo se vende hasta en 30 pesos.
No solo los vendedores de tortillas han pasado momentos oscuros a causa de la inseguridad en Guerrero. En junio, decenas de vendedores de carne, principalmente pollo, dejaron de comercializar sus productos hartos de la violencia y el derecho de piso. Además, otros delitos atribuidos a los cárteles que se disputan las ciudades han dejado mella en la sociedad guerrerense. Según la Fiscalía General de Guerrero, se investiga la relación que puede existir entre el asesinato del periodista Fredid Román y el de su hijo Bladimir Román, quien fue muerto también en una balacera. El hijo del periodista fue asesinado el 1 de junio de este año en la localidad del Ocotito, y se dedicaba a la distribución de pollos en los mercados de la entidad. El Gobierno que encabeza Evelyn Salgado solicitó a la Fiscalía “agilizar las diligencias ministeriales e investigaciones del caso con el propósito de dar a la brevedad con quien o quienes resulten responsables de este crimen”. No es la primera vez que el crimen interfiere en actividades cotidianas, haciendo pasar sus imposiciones como beneficios para el pueblo, por ejemplo, repartiendo despensas en lo más crudo de la pandemia, cuando las economías familiares se tambaleaban.
Rosalba López espera pacientemente en la fila de la tortillería, pero a diferencia de otros años, cuando se iba con un kilogramo completo, ahora solo lleva diez pesos exactos (cerca de 50 centavos de dólar) de tortillas para el consumo diario en su hogar. “Se nota mucho el aumento en todos los precios, pero la tortilla le pega más a uno”, relata. Este martes, el precio del kilogramo de este alimento en Ciudad de México es de 20 pesos (alrededor de un dólar), pero en otros Estados ha alcanzado 27 y hasta 30 pesos, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas. “A principios de este mes subió la tonelada de harina, uno de nuestros principales insumos, en algunas zonas del país cuesta 17.700 pesos, un 48% más desde el inicio de la pandemia”, cuenta a EL PAÍS Rubén Montalvo, presidente de este organismo. La tortilla de maíz, base de la alimentación de la mayoría de los mexicanos, ha alcanzado su precio más alto desde 2017, y en lo que va de 2022 registra un aumento de un 11% en el precio promedio que se vende en los expendios de tortilla a lo largo del país. Este aumento es mayor a de la inflación generalizada, que en julio de este año llegó al 8,16%.
El aumento en este alimento es un fuerte golpe para la alimentación de los mexicanos. Según datos del Gobierno, un mexicano consume entre 56 y 79 kilogramos de tortilla de maíz al año, ya que se trata de la base de platillos como tacos, además del acompañante de guisados, sopas o se usa directamente como base para ciertos guisos. “Tiene un impacto muy sensible, principalmente en el 70% de la población que hoy vive con al menos cuatro salarios mínimos”, comenta Ramón Martínez Juárez, catedrático de la Escuela Bancaria y Comercial. “Buena parte de la alimentación está soportado entre otros, en la tortilla sobre todo en la población más vulnerable”, indica. David Ruiz, propietario de una taquería en avenida Taxqueña, al sur de Ciudad de México, señala que este año ha tenido que aumentar el precio de su producto por lo menos un peso por taco. “Nos aumenta la tortilla, nos aumenta el gas, nos sube la carne, no nos queda de otra más que ajustarnos”, dice el comerciante en conversación telefónica.
Aunque la tortilla de maíz constituye una fuente de carbohidratos, vitaminas y minerales esenciales, el aumento en el precio orilla a la población con menores ingresos a buscar un sustituto barato. “El incremento en este alimento hace que las personas busquen en otros lados, aunque haya menos nutrientes o se trate de alimentos chatarra”, dice David Lozano, investigador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM. Esto supone un riesgo para la alimentación de los mexicanos. Según la Cámara de comerciantes de tortillas, existe una mayor venta de tortillas de baja calidad que ofertan principalmente en cadenas de supermercados, donde el kilogramo cuesta entre 13 y 15 pesos. “Entre más subimos nosotros el precio, más perdemos clientela. Y actualmente estamos en una situación que no podemos dejar de subir el precio, porque si lo subimos perdemos clientela y si no lo subimos tenemos que cerrar definitivamente”, dice Montalvo.
Aunque la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha gastado 574.874 millones de pesos durante los dos meses y medio en el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) en el país, la inflación no ha cesado, mientras que algunos alimentos como la tortilla, el pollo o las legumbres han tenido un aumento más considerable que el resto de los productos. En ese sentido, el Partido de la Revolución Democrática ha propuesto que el Gobierno subsidie el precio de la tortilla de maíz, tal como la hace con insumos como la gasolina, para que el kilogramo de tortilla se venda en un precio máximo de 10 pesos. “Lo veo como propaganda de campaña”, dice Montalvo. “Nada más están jugando eso, no es una propuesta lógica. ¿Quién va a pagar ese dinero? ¿Quién va a pagar ese subsidio?”, critica el líder de los tortilleros. Para el académico de la Escuela Bancaria y Comercial, este subsidio puede significar una solución, al menos de corto plazo, para evitar que los bolsillos y la alimentación de los mexicanos sufra. “Este subsidio podría apoyar a productores, podría apoyar a este entre microempresarios y a las personas que se dedican a la comercialización de la tortilla”, detalla Martínez Juárez. Para los productores de tortilla el escenario no es halagüeño. Mientras que en el centro del país y en Ciudad de México el precio podría aumentar a los 22 pesos por kilo, en otros Estados del país el precio podría ser incluso mayor de los 30 pesos, si es que no hay un control de los insumos con los que se preparan los famosos tacos.
No hay pollo en Chilpancingo, idea extraña, llamativa, un parteaguas: si no se vende pollo, la situación es realmente grave. Durante varios días, diferentes mercados de la ciudad han amanecido con las pollerías cerradas, una forma de protestar contra la última ola criminal que vive la región, especialmente dura con la cadena de productores, distribuidores y vendedores de pollo. Este miércoles, por fin, la mayoría de los locales han abierto, atajando la crisis. Al menos de momento. La huelga del pollo responde a una cadena de sucesos que se pierde atrás en el tiempo, pero que puede contarse por capítulos. El último empezó el 6 de junio, cuando un grupo de sicarios atacó a balazos a Tomás Ramírez, un distribuidor de pollo, en el mercado Baltazar R. Leyva, uno de los más importantes de la ciudad. Ramírez murió en los pasillos del mismo centro. Días más tarde, sicarios atacaron a otro distribuidor, en la salida del mismo mercado, cuando marchaba con su vehículo. También murió. No se sabe si los atacantes eran del mismo grupo.
El fin de semana pasado, la situación empeoró. En Petaquillas, comunidad a las afueras de la capital, paso a la zona serrana de Quechultenango, bastión de uno de los grupos criminales más relevantes de la zona, Los Ardillos, gatilleros atacaron una granja de pollos. Murieron seis personas, entre ellas el dueño y su hija, una niña de 12 años. Dos trabajadores resultaron heridos. No hay detenidos por ninguno de estos ataques.En un intento por entender lo que ocurre, la prensa regional ha vinculado estos asesinatos con otros contra integrantes de gremios distintos, sobre todo el del transporte público. Así, entre el 6 y el 7 de junio, uno o varios grupos criminales incendiaron dos camionetas y tres taxis en Petaquillas, vehículos que cubren la ruta entre la comunidad y Chilpancingo. Situación cíclica, los ataques provocaron la interrupción del servicio de transporte durante varios días. ¿Están relacionados ambos sucesos, los ataques contra el gremio aviar y contra los transportistas? Es difícil decirlo. La prensa local menciona un ataque anterior, ocurrido a finales de mayo, contra uno de los líderes transportistas de Chilpancingo, Francisco García Marroquín, asesinado a balazos en la calle. Ambas actividades, el transporte y el comercio, suelen ser objetivo de actores violentos que buscan ingresos por el cobro de piso. En Chilpancingo y alrededores, la presencia cambiante de grupos criminales, sus interacciones y las relaciones que mantienen con el Estado definen la realidad de la gente de a pie.
El obispo retirado de Chilpancingo, Salvador Rangel, ha seguido de cerca los últimos sucesos. “Antes aquí había dos grupos, Los Tlacos y Los Ardillos. Había cierta tregua entre ellos, pero ahora ha aparecido otro grupo que dependía de Los Tlacos, se llaman Los Jaliacos. Ellos quieren echar a pelear a Tlacos con Ardillos para quedarse con la plaza Los Jaliacos”, narra. Defensor de una comunicación fluida con el mundo del hampa, Rangel habla habitualmente con los líderes de Los Ardillos, Celso Ortega y su familia, actores importantes en la política y el crimen regional. “Este grupo de Los Jaliacos son los que cobran impuestos sobre pollo, pan, de todo”, relata. Rangel detalla el vínculo del gremio pollero con el transportista. “Este problema se agravó más porque se dio la muerte de un jefe de los transportistas, el tal Marroquín. Él andaba en problemas porque estaba manejando muchos taxis y camionetas piratas. Se combinó la cuestión de los taxis piratas… Pero luego también quemaban taxis que venían de Petaquillas. Lo que quieren Los Jaliacos es crear problemas, que Los Ardillos ataquen a Los Tlacos”, zanja. Los argumentos de Rangel dibujan la extorsión más como un medio que como un fin, una forma de demostrar poder o de retratar la falta de control del grupo teóricamente más fuerte. O, incluso, una herramienta para sembrar la discordia y romper equilibrios precarios. La extorsión al pollo aparece entonces como una distracción, al menos en parte, con fatales consecuencias para los agremiados.
Maria Teresa Martínez, profesora e investigadora del TEC de Monterrey, especialista en mecanismos de protección, legales e ilegales, señala precisamente que “la extorsión, una actividad predatoria que se mantiene en el tiempo, se plantea como una manera de demostrar control. El que domina el mercado de la extorsión demuestra un control territorial”, argumenta. Martínez, que actualmente estudia la extorsión y el cobro de piso en Tijuana, añade: “Cuando el Estado, oferente principal de protección, no llega, aparecen otros actores. Estos pueden ser más o menos organizados, tampoco hace falta la gran organización detrás, solo la reputación. Como en todo mercado, aquí se trata de ver quién se lleva las mayores ganancias”. En el caso de Chilpancingo, las ganancias no apuntan tanto al control, o a la noción más evidente y directa de control, sino a la paradoja de controlar a partir del caos, como explica arriba el exobispo Rangel. La escasez explicativa de la Administración en Guerrero puede ser una estrategia comunicativa, pero también el reflejo de su capacidad para controlar el ecosistema criminal en la región. Dice Martínez: “Más allá de la coyuntura, de las extorsiones al pollo, a la mina, al pescado, importa cómo están o no están organizados los empresarios o comerciantes, su relación con el Estado y la prevalencia de los proveedores de protección. Que al final es el origen de la mafia, la oferta de protección, no los mercados ilegales”, concluye.
Guerrero está viviendo días de terror por los enfrentamientos entre cárteles. La noche de este sábado un ataque armado dejó cinco muertos, entre ellos una menor, mientras trabajaban pelando pollos en un local de Petaquillas, un pueblo de la capital, Chilpancingo. La Fiscalía, que ha comunicado los hechos, está ya investigando. Los enfrentamientos tampoco cesan entre civiles y agentes armados. Cinco patrullas con 30 agentes de la Guardia Nacional, el Ejército y la policía estatal fueron retenidas por autoridades y vecinos durante algunas horas ese mismo día, y luego los dejaron en libertad. Los lugareños exigían protección por la violencia que se vive en la zona y que les permitan instalar sus propios retenes de vigilancia, que se disolvieron después de acusaciones de extorsiones a la población, según los reportes de Amapola Periodismo.
Se ha registrado un fuerte enfrentamiento entre la llamada policía comunitaria y civiles armados en el municipio de Teoanapa, en la Costa Chica, con el saldo de una persona muerta en la refriega. Hasta allí llego la policía, pero hasta 300 comunitarios les hicieron frente y les despojaron de sus teléfonos móviles por lo que tuvieron que replegarse. Imágenes de medios locales dejan ver el enorme desfile de camionetas con gente armada en el lugar. Los Tlacos y los Ardillos, carteles de la zona, están revueltos y de sus contiendas se deriva la enorme inseguridad que está cercando a Chilpancingo, donde algunos vecinos aseguran que se están viviendo días duros como en tiempos pasados. Un goteo de asesinatos, camiones incendiados y servicios suspendidos debido a la violencia en la zona son estos días el paisaje habitual de los guerrerenses, uno de los Estados más afectados por el crimen organizado. Esta semana hubo otras tres víctimas mortales, una de ellas en el mercado de la capital, done irrumpieron con las armas y mataron a un pollero.
La gobernadora del Estado, Evelyn Salgado Pineda, aseguró en rueda de prensa, que en el tramo Chilpancingo-Petaquillas se instalará una Base de Operaciones Mixta compuesta por la Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal. Las armas no solo las manejan los cuerpos de seguridad, por eso los enfrentamientos con los civiles cobran tintes dramáticos y las fotografías de la zona muestran escenas más propias de un país en guerra. Los últimos cuatro asesinatos ocurrieron a pocos metros de la Guardia Nacional y la policía, que están apostados en la Colonia Vicente Guerrero. La tensión no deja de aumentar.
Los aguacates se quedaron en los camiones en Michoacán. Los trabajadores de las fábricas no pudieron ir a trabajar en Chihuahua. Los negocios cerraron en Baja California. El impacto económico de las muestras de terror y violencia que desplegó el crimen organizado a finales de la semana pasada en diferentes puntos de México todavía no se ha cuantificado, pero tiene al sector privado en ascuas. Grupos armados tomaron carreteras del Estado de Michoacán, cerca de la ciudad agrícola de Uruapan, la Embajada de Estados Unidos ordenó a sus inspectores que se quedaran en sus oficinas para permanecer seguros, informó Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). Esto impidió que los aguacates y otros productos agrícolas de exportación se pudieran vender en el país vecino. “En esta ocasión no vemos un daño mayor, por lo menos no en las exportaciones”, dice Anaya, “pero cada día crece la incertidumbre en el país ante estos sucesos de que el crimen organizado está sobrepasando las medidas que se están asumiendo en el país”, añade el especialista. En 2020, México exportó más de un millón de toneladas de aguacate a EE UU, el 90% de las importaciones totales del fruto de ese país.
“La autoridad tiene que tomar con seriedad las medidas para que este tipo de situaciones no afecten a la economía y a la gente que está trabajando, que depende de estar produciendo”, apunta Anaya. El domingo, una vez liberadas las carreteras, reiniciaron las inspecciones y, con ellas, las exportaciones del fruto a Estados Unidos. Este es el segundo incidente que sufre el mercado del aguacate en menos de un año. En febrero pasado, el Gobierno de Biden suspendió durante una semana las importaciones, después de que un inspector que trabajaba en Michoacán recibiera amenazas. Ciudades de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California también padecieron situaciones de violencia, incluyendo la quema de carros y camiones, la parálisis del tráfico vehicular por grupos armados e incluso ataques indiscriminados contra la población que, en el caso de Ciudad Juárez, dejó 11 muertos. En la ciudad fronteriza, medios locales reportaron que las fábricas, muchas de ellas propiedad de compañías extranjeras, trabajaron con menos personal en los días de violencia, ya que las empresas decidieron paralizar el transporte que lleva a los empleados a sus lugares de trabajo.
En Tijuana, Baja California, un importante centro de comercio del país, las calles quedaron desiertas la semana pasada ante la ola de violencia. Restaurantes, negocios y hasta maquiladoras cerraron, asegura Gilberto Leyva, expresidente de la cámara de comercio local, la Canaco. “No tenemos las cifras todavía, pero te puedo decir que el impacto fue bastante grave”, dice Leyva. “Los pocos negocios que abrieron lo hicieron con muchas precauciones. En mis 60 años viviendo en esta ciudad nunca se había visto algo así. Se miraba sola la ciudad”, agrega. La alcaldesa de la ciudad, Montserrat Caballero, hizo un llamado al crimen organizado a solamente irse en contra de quienes no hayan pagado “sus facturas” y no contra de la ciudadanía en general. Aunque la alcaldesa trató de matizar sus declaraciones posteriormente, muchos han entendido que se refería a las facturas de la extorsión, el cobro de piso. “Más preocupa cuando una representante del Gobierno, como fue la presidenta municipal de Tijuana, que dice que paguen, y ese puede ser un factor adicional a todos los incrementos inflacionarios que aumenta los costos”, señala Anaya, de GCMA.
Se ha estimado que la inseguridad le cuesta al país el equivalente al 1% de su producto interno bruto (PIB), dijo en rueda de prensa virtual este lunes José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). “Esto significa un costo muy alto para la economía mexicana que se refleja en que no hayan inversiones ni empleos para la gran mayoría de los mexicanos”, lamentó Medina Mora. La organización pidió además, en un comunicado, una “estrategia eficaz de seguridad” por parte del Gobierno. “Es urgente que se ponga un alto a la violencia, la situación actual es insostenible y la ausencia de una estrategia efectiva contra la inseguridad sumada a la indiferencia de los diferentes órdenes de gobierno, han resultado en terreno fértil para que en lo que va del sexenio se hayan perpetrado más de 130.000 homicidios dolosos, 10 asesinatos de mujeres por día y solo en los últimos ocho meses, el asesinato de 13 periodistas”, apunta la Coparmex.
La principal patronal del país, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la asociación de maquiladoras, Index, expresaron, por separado, su preocupación por la situación que tiene el potencial de ahuyentar la inversión, interrumpir la producción y aumentar los costos de las empresas. “Index nacional hace un llamado para que, en prioridad del interés nacional, se garantice la seguridad pública y patrimonial de todas las familias mexicanas, lo mismo que de las empresas y corporativos en México para que la incertidumbre reciente no afecte las cadenas logísticas de suministro con los Estados Unidos”, ha dicho la asociación en un comunicado. Un texto del especialista en economía y finanzas de EE UU, Noah Smith, se viralizó entre chats de economistas, académicos y empresarios en México. Su ensayo califica al país como un “misterio”, ya que tiene las condiciones para ser un mercado pujante y con altas tasas de crecimiento, pero llevan décadas rezagado en comparación con sus pares. “La reducción de la violencia tiene la mejor oportunidad de impulsar el crecimiento de México”, escribe Smith, doctor en Economía por la Universidad de Michigan. “Los países en guerra siempre sufren económicamente, y la violencia de México es tan intensa que a menudo se considera como una guerra real. Un entorno seguro es simplemente un requisito previo para que las empresas inviertan y crezcan. Si yo fuera un líder mexicano, ese sería mi enfoque principal”, explica. “Mientras tanto, el caso de México presenta un enigma y una anomalía para las teorías comunes del desarrollo”, asegura Smith.
Ni el drama de la mina, ni la economía, ni la educación, ni la sanidad, ni la política energética. Nada parece hacer mella en la consideración social que goza el presidente del Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, que volvió a exhibir encuestas internacionales que le sitúan arriba de la clasificación entre los mandatarios mejor valorados del mundo. México tiene una característica, sin embargo, que también le coloca en las primeras posiciones globales, pero no es para jactarse de ello: la enorme violencia que asola el territorio, con alrededor de 30.000 muertes al año. Y eso sí mantiene en vilo al gobernante y tiene incendiadas las redes sociales. La inseguridad que estos días ha vivido la población, con negocios y transporte público y privado incendiados en varios Estados, motines carcelarios y balazos a discreción que han dejado hasta 11 muertos en Ciudad Juárez, sí es algo que preocupa en un país anestesiado en torno a una idea: la violencia es entre delincuentes. Los disparos, aunque no es la primera vez, no iban contra esa diana fija que han dado en llamar crimen organizado: del mismo modo, a puro gatillo, han muerto periodistas, comerciantes, presos y un niño de cuatro años. Y eso inquieta en el Palacio Nacional. “Esto es lo más lamentable de este asunto porque es algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino que llegó un momento en que empezaron a disparar a civiles”, dijo el presidente en su conferencia de la mañana.
Para entonces, la violencia y había hecho estragos en Jalisco y Guanajuato, pero Ciudad Juárez puso las víctimas unas horas después. Y al discurso del presidente le siguió una jornada de vandalismo sin freno en cuatro puntos de Baja California. Las autoridades pronto se pusieron manos a la obra y Seguridad Pública comunicó detenciones en esos territorios. Hasta 17 entre Tijuana, Mexicali, Ensenada y Playa de Rosarito, por poner solo unos ejemplos. El sábado se anunciaba otra operación conjunta entre las fuerzas armadas de todos los niveles en Michoacán con un saldo de 164 detenidos y decenas de armas incautadas. El asunto está todavía en una oscura bruma, con más preguntas que respuestas. La seguridad de la población, en todo caso, parece ser ahora la inquietud del Gobierno, que ha dado algunos pasos, aunque polémicos, en esa dirección. El anuncio de que la Guardia Nacional pasará a ser un cuerpo militar bajo la dirección completa de la Secretaría de Defensa Nacional ha suscitado un debate aún no cerrado, que plantea cuestiones de peso a tener en cuenta: la militarización de la vida pública, vaya, de las calles de cualquier ciudad; los beneficios o no que eso pueda tener de facto en el combate de la violencia o incluso de la corrupción, de la que los militares no están libres de pecado; y el oscurantismo cuando tengan que dar cuenta de sus acciones, eventualmente abusos de poder.
Prueba de la incomodidad que las balas generan en el día a día político, tanto del Gobierno como del partido que lo sustenta, Morena, son también las opiniones que ha publicado esta semana el senador Ricardo Monreal. Personaje incómodo y crítico en las filas de Morena, sí. Pero todavía “en pleno refrendo” de su apoyo al presidente, considera que “es preciso que los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno abran paso a una revisión inmediata y de fondo de la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno federal”. No es probable que un viraje en la política de seguridad federal se anuncie. Habrá que atisbar posibles cambios en el discurso tradicional de abrazos, no balazos, que siempre enarbola un presidente que, desde candidato, trató de distanciarse de las políticas de sus antecesores en esta materia. Y en medidas políticas concretas que se aparten de la apatía en esta materia de la que le acusan sus adversarios.
Las elecciones presidenciales de 2024 están cerca y López Obrador ha repetido que esa fecha será el principio de su jubilación política, no sin antes haber demostrado que tanto él como su equipo de Gobierno “son diferentes”. La corrupción es uno de sus campos de batalla constante, pero el descenso de la inseguridad que se vive en el país será la prueba fehaciente de que se han tomado las decisiones correctas. Y los últimos años, los resultados poco o nada dicen en ese sentido. “Accidentes como el de la mina no creo que vayan a incidir en su popularidad, más bien puede jugar a su favor, está ubicado en ese debate. Hasta ha visitado el lugar del siniestro, algo que no ha hecho antes, aunque se lo reclamaron”, por ejemplo en la tragedia de la línea 12 del metro, que dejó 26 víctimas mortales, dice el analista Francisco Abundis, de Parametría. Es, a su modo de ver, la inseguridad la que puede desubicarlo. “Hasta ahora, el discurso ha sido el de que se matan entre ellos, que la violencia es cosa del narco y nada tiene que ver con la ciudadanía, como si el Estado no tuviera responsabilidad en lo demás. Pero lo ocurrido en Ciudad Juárez le rompe los argumentos”, sigue Abundis. “Ahí no ha tenido más opción que reconocer que era inusual lo ocurrido”.
Habrá que ver ahora cómo las dolidas palabras del presidente tras el ataque furibundo a la población que cenaba en una pizzería, pedía trabajo en una tienda o compraba avituallamientos se traducen en un giro de la estrategia contra la delincuencia criminal que exhibe su poder sin complejos incluso frente a los acuartelamientos militares. Mientras, López Obrador sigue mostrando las estadísticas que le erigen como uno de los más valorados del mundo. “Ha estado siempre en primer lugar Modi, de la India, y me llevaba la semana pasada 10 puntos de ventaja y ahora ya sólo son cinco o seis, cinco puntos. Ofrezco disculpas, porque les molesta mucho [a los adversarios políticos] y ya van a desayunar”, dijo días atrás en la mañanera. Con sonrisa rocarrona, se deleitó en la gráfica de popularidad internacional. “Miren, así estamos, esta es de ayer, estos son todos los presidentes, son, ¿cuántos? 22”.