Bertha Ayala Pérez Negrón, encargada de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito, habló del panorama que se vive.

Sin castigo, 507 policías

Entre el 2015 y lo que va de este año, solo seis policías han sido dados de baja por corruptos en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez. “Cierto que durante el 2015 se presentaron 513 denuncias ante la dirección de Asuntos Internos de la corporación, la mitad de ellas por inconformidad en sanciones por presuntas infracciones de tránsito, pero sólo se han abierto los expedientes porque los quejosos jamás regresan a presentar las pruebas respectivas; el resto, no son de la competencia de esta dependencia”.

Bertha Ayala Pérez Negrón, encargada de Asuntos Internos, de la Secretaría de  Seguridad Pública y Tránsito, desde el 16 de este mes, afirma que encontró esa dependencia casi al día, reconoce que los expedientes no se integran con la rapidez que la ciudadanía desea, porque es todo un proceso. Explica que primero se reciben las quejas o inconformidades y se analizan para determinar si son o no de su competencia y es entonces cuando los trámites se frenan, porque se encuentran con que se trata de cuestiones de familia o de vecinos donde se involucra a policías fuera de servicio.

“La dirección de Asuntos Internos tiene que ver con las quejas de la ciudadanía que se vean agredidas por el actuar de algún agente de la corporación. Es así que después de integrar el expediente y de encontrarse responsabilidad del policía se determina la sanción, misma que puede ser desde una llamada de atención, un arresto, la solicitud de la separación del cargo o el cese definitivo que, después de iniciado el proceso en Asuntos Internos, es determinado por la Comisión de Honor y Justicia de la corporación.

Sin embargo, en este último caso, son contados los presuntos delitos, en los que se ven involucrados los policías y que ameritan ser llevados ante la Comisión de Honor y Justicia ó se turnan directamente al Ministerio Público. Un ejemplo y quizás el más sobresaliente, según se recuerda, es el referente a la detención de seis elementos de Seguridad Pública que fueron consignados ante un juez penal  por los delitos de robo, lesiones, abuso de autoridad y secuestro express.

Según se consignó, los hechos que ameritaron la acción inmediata de la autoridad se suscitaron el 25 de diciembre del año pasado, cuando presuntamente un hijo de alto funcionario de Seguridad Pública fue agredido por los elementos policiacos. En este caso fueron consignados de inmediato ante un juez penal y trasladados al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cancún.

Fue así que el 27 de diciembre, tras vencer el término constitucional, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que fueron consignados los policías Luciano Adrián Meléndez Gómez, José Pablo Kinil Chi, Maribel de Jesús Chan Balam, Eduardo Veresaluce Córdova, Alfredo Domínguez López y Octavio Agustín Barrera Pérez. Y ¿Por qué se actuó con tal rapidez? Porque existió la demanda ante el Ministerio Público y el afectado llevó el proceso hasta sus últimas consecuencias.

Según el denunciante, los hechos que llevaron a la consignación de los cinco elementos, se registraron cuando caminaba frente al Oxxo de “El Crucero”, en la Supermanzana 66, y uno de los policías de la patrulla 5428 le dijo que le gustaba su reloj, mientras los otros cinco elementos lo acorralaron para posteriormente subirlo a la patrulla y despojarle de una cadena, un anillo de oro (ambos de 14 quilates), un reloj de la marca Invicta y mil 500 pesos en efectivo.

Además, no conformes con eso, ya en el vehículo, lo golpearon en reiteradas ocasiones hasta causarle heridas en el rostro que le ensangrentaron la ropa, para posteriormente llevarlo hasta el área verde de la Región 231, donde lo dejaron abandonado, según se consignó en su momento.

Lo anterior significa que se puede hacer justicia, siempre y cuando se inicie la Averiguación Previa respectiva, aunado a que ponga su demanda por inconformidad en Asuntos Internos, señala la directora Bertha Ayala Pérez Negrón, quien añade que “es importante destacar que como las sanciones son diferentes no se afecta en absoluto al ciudadano”.

Explica que, en el caso de que haya abuso de autoridad, es el Ministerio Público el que determina si hay o no un delito y ordena, en su caso, la reparación del daño. “En el caso de Asuntos Internos no se ordena la reparación del daño, que muchas veces la gente exige, porque las faltas no son de nuestra competencia. En este caso turnamos los asuntos al Ministerio Público, al DIF o al área competente”, dice la funcionaria entrevistada.

En el caso de las 513 quejas recibidas por esa dependencia durante el año pasado, “apenas la mitad, unas 255, aproximadamente, tiene  que ver con acciones en que se ve involucrada la policía directamente y de estas la gran mayoría tiene que ver con inconformidades por infracciones de tránsito presuntamente mal aplicadas, que no todas concluyen con una resolución de llamada de atención o de arresto del agente de tránsito.

Es decir, abunda la funcionaria, “muchas de las quejas se declaran sin materia porque no tienen los elementos suficientes que permitan comprobar la falta del policía. La misma persona que pone la queja reconoce que sí se estacionó en el lugar prohibido, pero sólo un momentito, pero la realidad es que sí cometió la infracción”.

Sin embargo, contra todo lo que se pudiera pensar, la encargada de la dirección de Asuntos Internos, afirma que en 60 quejas presentadas durante lo que va de este año, no hay ninguna por actos de corrupción. “Todo lo que recibimos, en la gran mayoría de casos es por infracciones ya levantadas. El infractor de las normas de tránsito se presenta a denunciar una aptitud demasiado estricta del agente y hasta pide que se le haga una rebaja en la multa, pero son casos en los que el propio denunciante sabe que cometió una falta”, dice la funcionaria.

Por Cliserio E. Cedillo>Quequi

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