Practicó oficial mayor el terrorismo laboral, acusan
Por Mayra Cervera > Quequi
Cuando la nueva administración gubernamental tomó posesión, no sólo los directivos y jefes de áreas fueron despedidos, sino que también los empleados operativos fueron presionados para renunciar.
En su momento, se generó una sicosis entre los burócratas sobre el temor de perder su trabajo, al verse obligados a firmar un documento en el cual se comprometían a que no tenían ningún otro trabajo, más que el de la administración pública.
El oficial mayor del estado, Manuel Alamilla Ceballos, salió al paso al asegurar que sólo fueron despedidos subsecretarios, directores y jefes de departamento, para un total de 196 servidores, de los cuales 166 se fueron por “renuncia” y 30 por terminación de contrato con la estructura gubernamental.
Sin embargo, estas cifras que el oficial mayor dio a conocer fueron una mentira, pues extrabajadores de niveles de jefes de oficinas, analistas profesionales, secretarías ejecutivas, técnicos y otros que no tenían un puesto de primer nivel, denunciaron públicamente los abusos para ser objeto de despidos injustificados.
Los exempleados, quienes solicitaron el anonimato, relataron a Quequi las presiones y los engaños con el que fueron obligados a firmar sus renuncias.
Indicaron que los nuevos directores obligaron a los trabajadores a firmar documentos donde renunciaban voluntariamente y que les decían que no lo harían efectivo, “sólo era para demostrar su lealtad a esta nueva administración”.
Y que además eran sujetos a una entrevista, en donde eran cuestionados con preguntas que no tenían relación con su trabajo, además de que fueron víctimas de humillaciones y malos tratos, así como una carga de trabajo excesiva.
Empleados que tenían de cuatro a 15 años de servicio fueron despedidos injustificadamente y sólo recibieron un cheque de hasta 4 mil pesos como finiquito, pero por la necesidad económica lo aceptaron.
Alamilla Ceballos negó que se hayan realizado terminaciones de relaciones laborales de forma masiva; sin embargo las denuncias públicas de los exburócratas ponen en evidencia una más de las mentiras del funcionario estatal.
