Revés jurídico a cómplices de Borge
Por Francisco Canul
El gobierno de Carlos Joaquín, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y con el apoyo de la Policía Estatal, cumplió en otorgar justicia para que algunos particulares recuperaran las propiedades de las que fueron despojados durante la pasada administración.
Joel Tovar, Pedro Hernández y el Nuevo Centro de Población José María Pino Suárez, vieron cumplida su lucha y recuperados sus bienes, en un proceso de restitución en donde les fueron entregadas sus propiedades, “Hotel Viento del Mar” (antes Hotel Playa Azul); “Cabañas Punta del Cielo”, y Hotel “Rosa del Viento” (antes Cabañas Ixchel.)
Como antecedentes, en el mes de mayo del año 2014, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen, presidida en ese tiempo por Jorge Jaime Cruz Hernández, por instrucción del ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, quien ordenó un desalojo con todo y turistas en 3 hoteles en la zona costera del municipio de Tulum y uno más denominado “Dos Ceibas”, propiedades que fueron entregadas como parte de un laudo laboral a supuestos extrabajadores que demandaron una millonaria suma en liquidación y prestaciones.
En el mes de enero del año 2012 sin registro de la Oficialía de Partes, se integra el juicio laboral con el número 138/2012, en la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje con sede en la ciudad de Cancún; los supuestos trabajadores demandantes: Samuel Aguilar Ibarra y Omar Homero Tijerina Herrera; y dentro de los demandados destaca el nombre de Carlos Amador Treviño Lozano, éste último representante legal de la supuesta empresa propietaria de los tres inmuebles, ofrece un acuerdo a los demandantes que sería pagar 200 millones de pesos en cinco días y una pena de 35 mil pesos por día que no se cumpliese el pago total, cantidad que no fue pagada.
En mayo de 2014, se desalojan tres hoteles para entregarlos a los supuestos trabajadores demandantes como pago del acuerdo firmado con Carlos Treviño Lozano, lo cual se llevó a cabo de forma ilegal; sin embargo una vez desalojados los posesionarios originales, interponen un amparo indirecto, el cual ganan en el Juzgado Segundo de Distrito el 29 de noviembre de 2016. Posteriormente, ante esta resolución, los supuestos trabajadores se inconforman y solicitan revisión, para que finalmente el 29 de septiembre de 2017, se declare firme el amparo indirecto otorgado a los tres posesionarios originales que fueron desalojados en mayo de 2014.
